Gendarmería Nacional: El Perro Guardián del Ingenio Ledesma

Por Rodrigo Zapana y María del Carmen López (Para H.I.J.O.S. Jujuy)

La mañana del jueves 27 de febrero inició la audiencia N° 56, correspondiente al sexto juicio de lesa humanidad que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Salvador de Jujuy. En esta oportunidad brindaron declaración testimonial: Horacio Antonio Santander (ex gendarme), Ramón Torramorel (ex policía de la provincia) y Héctor Mañaz (ex penitenciario).

“La empresa Ledesma nos prestaba un vehículo, luego nos donó uno nuevo, un Ford Falcon”

La primera persona en brindar declaración fue el ex gendarme Horacio Antonio Santander, quien, a través del sistema de videoconferencia desde la provincia de Misiones, mencionó: “Yo ingresé a gendarmería en el año 70, egresé en el año 1973 y a principios de 1974 empecé a prestar servicio en el escuadrón N° 20 de San Ramón de la Nueva Orán. Luego en 1976 me destinaron al escuadrón N° 21 de la ciudad de La Quiaca, bajo las órdenes del comandante principal Ernesto Rabaglia. Yo ya era cabo primero y me desempeñaba como mecánico motorista y chofer en el área de logística”, explicó ante el Tribunal.

En relación a los oficiales de alto rango durante su servicio en la ciudad de Orán, el testificante declaró: “Mi primer jefe en el año 1974 fue el superior Ponciano Leyes”, no obstante, a la hora de mencionar a su comandante durante el año 1976, año en el que se ejecutó el Golpe de Estado, se excusó diciendo: “No recuerdo bien, y no me quiero equivocar dando cualquier nombre, pero ese dato seguramente debe estar en los registros. Yo no lo recuerdo bien, pero tiempo después el jefe fue el comandante Lagomarsino, pero no sé bien en qué año”, respondió.

Sobre este mismo tema, en otro momento de su testimonial, detalló el número de efectivos componían el cuartel de Orán: “Eran muchísimos, la jurisdicción era muy amplia, de nosotros dependían las localidades de Salvador Mazza, Tartagal, Embarcación, Aguas Blancas, Santa Victoria, y otras zonas más. En Ledesma por ejemplo había entre 10 y 15 gendarmes”, ante esta mención, la doctora Castillo consultó al testigo sobre el parque automotor del destacamento perteneciente a la ciudad azucarera. “La empresa Ledesma nos prestaba un vehículo para gendarmería, luego nos donó uno nuevo, un Ford Falcon”, indicó, mencionando además que dichos automóviles no contaron nunca con logotipos de la empresa mientras fueron empleados. Por su parte, la jueza Alejandra Cataldi preguntó al declarante sobre sus posteriores ascensos, a lo que éste respondió: “Estuve cinco años como cabo primero, luego me ascendieron a teniente primero sargento, y me retiré con el rango de sub oficial mayor”, indicó.

En el momento que fue indagado por la fiscal Marina Cura sobre las posibles actividades que el declarante había realizado en la ciudad de Libertador General San Martín durante el último golpe de Estado, éste precisó: “En una oportunidad fui a buscar combustible a la empresa Ledesma, que nos daban como contraprestación por el servicio de seguridad que le brindaba gendarmería. Era una cuota mensual que nos facilitaban”, sostuvo.

Cuando le tocó explicar el por qué una empresa azucarera usaba una fuerza armada nacional como seguridad privada, el testigo manifestó desconocer los entramados de dicho pacto: “Como le digo, yo estaba dentro del área de logística, por lo tanto, desconocía todos los aspectos operacionales que disponían mis superiores”.

En este mismo sentido, la querellante María José Castillo preguntó: “Para buscar el combustible, ¿Se dirigía a alguna oficina en particular?”, a lo que el ex gendarme respondió rápidamente, “Había un surtidor interno en el propio ingenio, y como ya todos sabían que nosotros llegábamos a retirar la gasolina, nos cargaban sin problema”.

Abordando más a fondo sobre su rol durante la noche del 24 de marzo de 1976, el testigo pasó a explicar: “El único recuerdo que tengo de esa noche es que se implementó un plan de llamada general y todos los efectivos nos acuartelamos esperando instrucciones de la comandancia sobre cómo proceder, es decir, teníamos que permanecer las 24 hs del día expectantes a cualquier orden que se nos diera”, aclaró.

Además, agregó que durante esos planes de llamada general se enviaba personal a las casas de los efectivos o se les llamaba por teléfono para que se presentarán en el destacamento a la brevedad y que: ”Al principio del golpe de Estado era habitual estar acuartelados de esa forma, pero después, con el tiempo volvimos a trabajar de forma normal”.Pero cuando se le pidió que detallara las actividades de aquel día, solo dijo: “Yo simplemente ejercía mi papel de chofer y mantenimiento de vehículos”

Por otro lado, el declarante negó tener conocimiento sobre detenciones de personas por motivos políticos, aduciendo no recordar nada al respecto dada su función de chofer. De la misma manera aseguró desconocer cualquier actividad que gendarmería nacional efectuara en conjunto con otras fuerzas armadas como la policía provincial y el ejército en contra de civiles.

Santander desempeñó funciones durante 20 años en el escuadrón de Orán, pero al parecer vivía en una burbuja, según él, nunca supo de ningún operativo, ni si hubo conflictos gremiales en la zona, un absurdo.

“Jaig trabajaba con grupo especial, el gobierno, el obispado y el regimiento 20”

La segunda declaración se realizó, de igual manera que la anterior, mediante el sistema de videoconferencia desde el TOF de Buenos Aires, el declarante fue el ex policía de la provincia Raúl Torramorel quien se mostró tranquilo ante la audiencia. Al iniciar su testimonio manifestó que “cuando sucedió el golpe estaba cumpliendo el servicio militar en el GAM N.º 5 (regimiento) . Entré a la policía a fines del año 1976, trabajaba en el centro de operaciones policiales de día, entraba a la mañana y salía a la tarde. Ahí cumplía funciones como cadete, archivero y hacía trabajo de oficina”.

Para obtener detalles sobre los aspectos laborales del ex oficial, la fiscal Marina Cura, quien comenzó con la ronda de preguntas, le solicitó que facilite los nombres de sus superiores, el testigo siempre dispuesto y atento a cada pregunta recordó “mi jefe era Ernesto Jaig, “el loco” así lo llamaban. Él era una persona intimidante, con cuerpo de grande y cara de niño, pero la maldad la transmitía por los ojos, tenía una mirada fría y terrible”. El ex policía de la provincia prosiguió con el testimonio afirmando que “no recibía directivas de él ni de ningún intermediario, yo sabía lo que tenía que hacer y me tenían ahí parado, por eso renuncie pensé que el trabajo era otro, lo que hacía no era para mí”.

Torramorel fue llamado a declarar porque uno de sus compañero de armas ( Miguel Ángel Jaime), relato que en una ocasión aviso a otro policía que había orden de detención para su hermano. A consecuencia de esta información es que la fiscalía indagó sobre esta situación, acongojado, con un tono de voz bajo respondió: “detuvieron a mi hermano, José Enrique Torramorel, a su esposa y junto a ellos otras personas. A todos los llevaron a la central de policía y los tenían en el fondo ingresando por la calle Alvear, donde se encontraba la plaza de armas. Me parece que lo detuvieron por el año 77 estuvieron allí uno o dos meses.”

Cedida la palabra a la abogada querellante por H.I.J.O.S. Jujuy, María José Castillo, quien se centró en las causa de la detención de los familiares obtuvo como respuesta “los detuvieron por asistir y participar en reuniones que armaban los grupos estudiantiles de la universidad de Tucumán, pero en el 76 ellos ya no estaban allá, ellos estaban en Palpalá”.

En el mismo sentido, se le consultó al testificante si pudo asistir a sus parientes el tiempo que estuvieron bajo la condición de presos políticos : “me negaron cualquier vínculo con ellos, nunca pude verlos mientras estaban ahí, los tenían vigilados. Yo no pude tener relación hasta mucho tiempo después de liberados, esto fue también por orden de mis superiores. No fue una libertad plena, todo era tan confuso y muy raro”, comentó.

Con el fin de establecer las condiciones a las que eran sometidas las víctimas, la Dra. Castillo se mostró interesada en el estado físico y psíquico de lxs familiares del testigo, el ex policía describió: “A simple vista no los vi mal, tiempo después por comentarios sabía que los maltrataron, mi cuñada tenía marcas terribles” luego de escuchar la dura declaración se generó un profundo silencio en la sala, que sólo desapareció cuando se le pidió al declarante que relatara todo lo que recordaba sobre la liberación de sus allegados: “la orden de liberación la dio Jaig, me llamo a mí y a un cuñado, Francisco Rivero, que trabajaba en la parte de radio en la casa de gobierno. Antes nos dio una charla donde se mostraba con el poder de decidir sobre la vida, quién vivía y podía estar libre y quién no, todo fue muy feo. Fue la única vez que estuve cerca de mi hermano”, agregó.

Aprovechando las declaraciones enriquecedoras y detalladas de Raúl Torramorel, la indagatoria continuó pidiéndole al ex oficial que brindará información del personal que se encargaba de los presxs políticxs, en ese momento mencionó como responsables a Damian Vilte, el Negro Alberto y Rodríguez, quienes trabajaban junto a Jaig.

En esta oportunidad también se habló sobre la presencia del personal militar en la policía central, el deponente afirmó “ellos se reunían generalmente en el comando radioeléctrico al fondo, se desplazaban libremente por el establecimiento sin ser asistidos por nadie. De todos los militares que ví, recuerdo al mayor Arenas porque fue mi jefe en la colimba”.

Cuando se le preguntó sobre los operativos especiales negó haber participado y recalcó que toda la información era confidencial sólo un grupo selecto participaba de los operativos “Jaig trabajaba con un grupo especial, la mayoría vestía de civil, a ellos les delegaba tareas, él enviaba sobres a la casa de gobierno, al obispado y al regimiento 20, sólo se comunicaban entre ellos, la información era secreta”.

Al final del interrogatorio se le solicitó al deponente que relatara todo lo relacionado a su formación en el servicio militar obligatorio “hice la colimba en el año 75 tuve como jefe al teniente coronel Cornejo y Jorge María Martínez, la mitad del entrenamiento lo realicé en Tucumán, en La Plata de Montero, en una comisaría, lo sabía porque había celdas. Esos años fueron duros porque mataban a los que llamaban subversivos, los jefes trasladaban los cuerpos en helicópteros, los dejaban en una cancha de fútbol que se encontraba en el establecimiento de la comisaría y nos daban las órdenes de traslado.”

El testigo también recalcó que unos de sus pares también fue víctima de la violencia ejercida durante este periodo de adoctrinamiento, relató “me contaron que un compañero de apellido Puca fue asesinando por el cabo primero Labrido, el hecho fue confuso e inexplicable” se generó una vez más un intenso silencio en el tribunal que concluyó con la declaración.

“Los presos políticos ingresaban al penal con los ojos vendados”

La última declaración también se realizó mediante el sistema de videoconferencia, desde el TOF de Formosa. Es importante mencionar que la audiencia fue interrumpida por falta de disponibilidad de un espacio físico del tribunal anteriormente mencionado, razón por la cual fue reprogramada la testimonial para las 12:00 hs.

Una vez solucionado el inconveniente, el tercer testigo en declarar fue el ex penitenciario Héctor Oscar Mañaz, quien ejerció dicho cargo desde el año 1974 hasta el año 1976 en el penal de Gorriti.

Comenzó relatando que durante el año del golpe de estado se encontraba cumpliendo funciones en el Departamento de Trámites Judiciales y reconoció estar bajo las órdenes del Dr. Carlos Alberto Gonzalez.

Ante la pregunta del Ministerio Público Fiscal sobre si recordaba puntualmente lo sucedido el 24 marzo, éste contó: “ese día no me encontraba cumpliendo servicios. Pero al día siguiente cuando me reincorpore note algunos cambios que intervinieron en el funcionamiento del área penitenciaria. Lo primero fue la disposición de los presos, había presos comunes y había un grupo de presos a disposición del poder ejecutivo nacional (PEN), es decir, no dependían del poder judicial”.

Siguiendo la misma lógica, la fiscal, consultó si estos presos tenían algún trato diferente, la respuesta fue clara y detallada “los presos políticos ingresaron al penal con los ojos vendados, los ponían en el pabellón N.º 1, estaban bajo el control y a disposición del ejército, militares y de quienes ejercían el gobierno en esas fechas. La custodia la realizábamos el personal del servicio penitenciario, pero por fuera de la celda. Dentro del pabellón Nº1 sólo tenía permitido ingresar el ejército, esta zona exclusiva se la llamaba llavero”, y además agregó : “tenían restricción total, sólo estaban en su celda; no salían a trabajar, a estudiar ni a los recreos. Salían de vez en cuando al patio a hacer ejercicio, pero siempre eran custodiados por el ejército”.

Todo lo declarado anteriormente dejó en evidencia la presencia del ejército en el penal de Gorriti, por ello la fiscal le preguntó si tenía conocimiento de órdenes que impliquen el desplazamiento del personal penitenciario en otras áreas, éste manifestó: “sí, algún penitenciario prestó servicios en el regimiento, por ejemplo, pero las órdenes eran del ejército y lógicamente se tenían que cumplir”. Frente a esta respuesta se le solicitó al deponente que brindara los nombres de los superiores que se encontraban a cargo durante el gobierno de facto, la actitud del ex policía fue esquiva y pidió ayuda para recordar, sin embargo, vagamente declaró: “no recuerdo, eran como 15 o 20 oficiales Bellido era subdirector, otro jefe era Lucero,siempre vestían con el uniforme. Pero ellos entraban y salían cuando querían, no cumplían ni respetaban horarios, entraban durante las mañanas, las tardes y las noches”.

Luego, la abogada querellante de H.I.J.O.S Jujuy, María José Castillo se enfocó en averiguar sobre la presencia de mujeres en el penal, a todas las interrogantes el testigo las resolvió en una sola respuesta: “sí, había presas políticas, pero estaban en otro pabellón y eran custodiadas por personal femenino del servicio penitenciario” y recalcó “esto sólo sucedió durante el golpe de estado”.

Para finalizar con la declaración el ex penitenciario manifestó de manera segura “luego de sucedido el golpe presenté mi renuncia porque no estaba de acuerdo con el doble mando, servicio penitenciario y ejército”.

El jueves 5 de marzo a las 09:00 hs se realizará la inspección ocular en el Penal de Gorriti ubicado en la calle Leandro Alem Nº250, en la ciudad de San Salvador. En esta oportunidad van a participar 11 testigos, entre ellos estarán ex presxs pxlíticos y familiares de dasaparecidxs. Los testigos citados serán: Juan Felipe Noguera, Juan Bosco Mecchia, Bernardino Oscar Alfaro Vasco, Rufino Lizarraga, Mario Eriberto López, Renato Colautti, Mercedes Susana Salazar, José Burgos, Carlota Eustaquia Batallanes, Luis David Cansinos, Horacio Cusi