El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal federal Federico Zurueta y la auxiliar fiscal Marina Cura, comenzó el jueves último su alegato en el juicio seguido a 23 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 121 víctimas en la denominada Megacausa Jujuy.
Este juicio inició en 2018, ante el Tribunal Oral en lo Federal de Jujuy. Entre otros crímenes, se tratan las detenciones irregulares, vejámenes y desapariciones cometidas durante la denominada Noche del apagón en Libertador General San Martín y Calilegua.
El proceso gira en torno a 16 causas por crímenes perpetrados en Jujuy a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, entre los cuales se encuentran también los secuestros masivos ocurridos en la mina El Aguilar.
Por la cantidad de hechos, de acusados y de víctimas, la Fiscalía dividió su alegato en cuatro secciones, a través de las cuales, adelantó Zurueta, se analizará el funcionamiento de la estructura represiva y cuál fue el rol de cada uno de los acusados. El jueves último la Fiscalía expuso una parte de su alegato, que seguirá el jueves próximo a partir de las 8.30.
El fiscal explicó que abordarán cada uno de los hechos padecidos por las 121 víctimas en conjunto con las pruebas de cada caso y que esto será analizado por las zonas geográficas jujeñas: las quebradas, la Puna, los valles y las Yungas. Luego el alegato será sobre la responsabilidad penal de los acusados, la fuerza en la que prestaban funciones y su relación respecto a las normas jurídicas vigentes al momento de los hechos, y finalmente, se hará el pedido de penas.
Tras esa aclaración de Zurueta, la auxiliar fiscal Marina Cura analizó la posición jerárquica que ocupaban los acusados dentro del esquema represor y el contexto histórico en el que se cometieron los hechos llevados a juicio tras 44 años de impunidad.
En ese marco, recordó a los jueces que la represión ilegal en Jujuy ya fue analizada y reconocida por ese tribunal en los cinco juicios previos por delitos de lesa humanidad realizados en esa provincia. A pesar de eso, recordó que estos hechos fueron el resultado de un plan sistemático dirigido a aniquilar a determinadas personas y a reprimir a parte de la población. Para ello, se utilizaron “prácticas ilegales en centros clandestinos de detención, donde se cometieron graves torturas” e incluso el asesinato de algunos detenidos.
La auxiliar fiscal sostuvo que esto devino tanto de un progresivo deterioro de las garantías constitucionales como de un avance de las Fuerzas Armadas en la denominada "lucha contra la subversión", lo cual sustentó en prueba documental, como los decretos que dispusieron la intervención militar en Tucumán.
Vía libre a la represión
La auxiliar fiscal resaltó el decreto N° 361 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), mediante el cual se dio vía libre a la ejecución de medidas que se creyeran necesarias para "aniquilar elementos subversivos" con fines de neutralizar al “enemigo”, plan que se extendió, a través de otros decretos, a todo el país.
En tal sentido, explicó cómo se dispuso una estructura represiva mediante la creación de unidades de mando, entre las cuales mencionó al Consejo de Seguridad Interna de Defensa como una de las principales, de la cual surgieron otras de menor jerarquía, pero con amplio poder funcional y operativo.
Destacó que, en esa construcción de poder, se suscribieron convenios que sumaron a otras fuerzas de seguridad al mismo objetivo de aniquilamiento, como la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de la provincia y el Servicio Penitenciario provincial.
Explicó también como, en la faz operativa, se dispuso la creación de zonas, subzonas y áreas, bajo la dependencia de los mandos militares y destacó la importancia que tuvo en estas tareas represivas el aporte de las centrales que tenían como objetivo la reunión de información de inteligencia.
Al respecto, referenció ampliamente cómo se constituyeron estas unidades y la dependencia que tenían con otras de mayor jerarquía y otras correspondientes a diferentes jurisdicciones, como la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA), la cual poseía registros de informes reportados desde Jujuy.
Por último, la fiscalía analizó el concepto de “oponente” inculcado por las fuerzas militares y que remitía a cualquier persona que se “oponga u obstaculice” al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, siendo sindicados los partidos políticos, las organizaciones sindicales y estudiantiles entre los principales sectores a investigar.
La fiscalía explicó que, de esta manera, no sólo los gremialistas o políticos se convirtieron en el “enemigo de la seguridad nacional”, sino también sus familiares, amigos o cualquiera que congeniara con sus ideales. Así, se refirió a la participación que tuvieron en estos crímenes de lesa humanidad tanto la plana mayor del Regimiento de Infantería de Montaña 20, dependiente del Ejército, como las autoridades del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, la policía provincial, la Delegación Jujuy de la Policía Federal y el penal de Villa Gorriti.
El caso de El Aguilar
Sobre los hechos, la Fiscalía habló de los crímenes cometidos en la zona de las quebradas y la Puna, principalmente en la mina El Aguilar, ubicada en el departamento de Humahuaca, a unos 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar. Estos hechos están descriptos en la causa Avelino Bazán, el mítico obrero y dirigente gremial desaparecido el 25 de octubre de 1978 y refieren a las detenciones ilegales de 27 personas, la mayoría de ellos trabajadores de la mina, e integrantes del Sindicato de Obreros de la Mina Aguilar (SOMA), o sus familiares.
La Fiscalía recordó que dentro de la mina funcionaban dos dependencias de la Policía provincial y una de Gendarmería Nacional. En la minera también había núcleos habitacionales donde residían los trabajadores.
El Ministerio Público Fiscal recordó que todas estas detenciones se llevaron a cabo en la madrugada, tanto el 24 de marzo de 1976, el día del golpe de Estado, como en fechas posteriores. Fueron operativos ejecutados por la policía jujeña y gendarmes. Las víctimas fueron alojadas primero en las dependencias de El Molino y Veta Mina, dentro de la empresa minera. Luego y casi siempre vendadas, esposadas o maniatadas con alambre, eran trasladadas a la delegación de la Policía Federal o al RIM 20, donde eran interrogadas y finalmente terminaban encerradas en los pabellones 1 o 5 del penal de Villa Gorriti.
Los detalles de estas detenciones ilegales, de los golpes y torturas que padecieron estos trabajadores pudieron ser reconstruidos a partir de los testimonios de la mayoría de ellos o de sus familiares, dado que en algunos casos las víctimas fallecieron.
Todas las personas detenidas no fueron informadas del motivo de su arresto y no se les notificó de alguna orden judicial al respecto. Tras ser identificadas, eran golpeadas, amenazadas y cargadas a vehículos para los traslados. Para mostrar la violencia de estos hechos, la Fiscalía relató que en un caso la patota irrumpió en la casa de un obrero y lo golpearon frente a su esposa, embarazada de 8 meses y de una hija menor de edad.
En otro caso, un trabajador que estaba con su hijo de 8 años fue detenido también a los golpes y luego la patota dejó abandonado al niño, que se quedó solo en la casa por una semana hasta que llegó un familiar a visitarlo porque era su cumpleaños. Una persona que fue víctima contó que vió a otro compañero de trabajo, también detenido en esas fechas, con sangre seca en sus ropas y el rostro desfigurado debido a los golpes recibidos al ser arrestado.
Centros de detención
Sobre los lugares de detención, la Fiscalía recordó que se caracterizaron por las pésimas condiciones; sin higiene ni cuidados básicos, los detenidos eran sacados de las celdas a medianoche para ser interrogados y sometidos a torturas.
La Fiscalía recordó los relatos de las víctimas respecto a los gritos desgarradores de sus compañeros, que durante las noches eran torturados, la falta de sueño y de comida, la incomunicación con familiares, entre otros padecimientos y destacó que todo esto refleja el grado de violencia con la que se ejecutaron estos operativos ilegales.
En el caso de Avelino Bazán, el MPF señaló que permaneció alojado hasta el 7 de octubre de ese 1976 en el penal de Villa Gorriti, fecha en que fue trasladado a la Unidad Carcelaria N° 9 de La Plata junto a otros trabajadores. El dirigente kolla fue liberado en agosto de 1978, pero en octubre de ese mismo volvió a ser detenido y desaparecido.
Por último, la Fiscalía analizó los momentos vividos en los interrogatorios, en los cuales los jefes u oficiales se presentaban con armas de fuego, que dejaban sobre el escritorio de manera intimidatoria. Dijo que las preguntas estaban dirigidas a identificar a otros compañeros sindicalistas, o bien, a la participación en una extensa huelga ocurrida años atrás.
Fuente: Página 12
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