El ex presidente Mauricio Macri pidió que no se lleve a cabo el entrecruzamiento de llamadas que había ordenado la magistrada federal María Servini en el marco de una causa que investiga supuestas presiones al Grupo Indalo durante su gobierno.
El argumento con el que pretende que la jueza frene el peritaje se basa en que “lo dispuesto carece de fundamentación, y vulnera los derechos, principios y garantías de defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, razonabilidad, dignidad humana”, indicó. Pero agregó que esto “compromete la seguridad nacional y cuestiones de Estado, por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta”.
La causa que tenía impulso del fiscal Guillermo Marijuan apuntaba a demostrar la “existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación Mauricio Macri - o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”.
Por ello, la jueza había ordenado el 6 de julio una serie de medidas de prueba, entre las que se destacaba un amplio entrecruzamiento de llamados entre Macri, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli y otros imputados en la causa, a fin de establecer si había comunicaciones entre ellos en los días en los que los denunciantes afirmaron haber recibido presiones o en los que el Gobierno de Cambiemos dictó medidas que perjudicaron al Grupo Indalo.
Servini había ordenado en primer lugar que se requieran los números telefónicos registrados a nombre de Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner entre enero de 2016 y agosto de 2019.
Posteriormente, solicitó los "registros de comunicaciones con activación de celdas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019".
En la resolución, la jueza aludió sobre todo a comunicaciones a partir de eventos determinados que se iniciaron el 13 de marzo de 2016 con la publicación de una nota periodística sobre la "supuesta deuda de Oil Combustibles SA con el Fisco Nacional".
La causa a cargo de Servini se abrió en base a hechos denunciados por De Sousa inicialmente en el fuero comercial, en el expediente concursal de Oil Combustibles, donde relató presiones sobre él, su socio López y sus empresas por parte del gobierno de Macri y a través de la AFIP. Esto derivó en la apertura de una causa penal a cargo de Servini, donde fueron denunciados el propio ex Presidente, el asesor José Torello, el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el ex titular de la AFIP Alberto Abad, su sucesor, Leandro Cuccioli, el hombre de la mesa judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el empresario Nicolás Caputo. A todos se les atribuye alguna participación en presiones sobre López y De Sousa para desapoderarlos de sus empresas.
Fuente: Página 12
Ámbito.com
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