El viernes, Marta Ramírez fue desalojada de su puesto de trabajo donde cumplía con las medidas sanitarias en el marco del Covid 19 que azota al mundo. En esa escena, sin una orden judicial, solo por una orden del municipio fue desalojada. El mercado central quedó exceptuado de la cuarentena desde el primer momento por ser uno de los principales abastecedores de alimentos para la población jujeña.
La situación de los vendedores ambulantes se agrava en esta Pandemia, aunque vale recordar que el hostigamiento y la violencia institucional al sector de la economía popular se iniciaron con la cuarta gestión del gobierno municipal de San Salvador de Jujuy.
La trabajadora que fue vulnerada en sus derechos, sufrió abuso policial bajo una orden ilegal. Fue amenazada por el Secretario de Gobierno municipal Gastón Millón, meses atrás, quien le expresó a la vendedora que la sacaría del puesto de venta del mercado de abasto sino abandona al gremio. “Ustedes vuelven a ir al gremio y yo las hago sacar del mercado”, se lo escuchó decir a Millón.
Además, la situación de agrava ya que hay una medida cautelar vigente que ordena no a los decomisos. Esta situación no hace más que poner en evidencia la ausencia del estado de derecho en la provincia, donde el poder político del gobierno utiliza las fuerzas policiales represivas para perseguir y violentar a todo aquel que piense distinto a su línea de mando.
La vendedora, pertenece al gremio de Ambulantes y Feriantes de Jujuy (AFAAJ) quienes ante los cientos de casos de abuso de autoridad, y agotar caminos administrativos, acudieron a la justicia.
El 29 de noviembre de 2019, 500 afiliados de AFAAJ, obtuvieron una “medida cautelar” otorgada, en Expte. N° SJ-16193/19, por el Tribunal Superior de Justicia Local en el marco de una “Acción de inconstitucionalidad” en contra de ordenanzas municipales que no se encuentran publicadas en el Boletín Oficial. La medida obliga a la municipalidad de San Salvador de Jujuy a “abstenerse de realizar decomisos sobre los bienes de los actores”, entre ellos figura la vendedora de mercado Marta Ramírez.
Esta medida cautelar continua vigente hasta la fecha, a pesar de que el expediente en el que se tramita la causa fuera sustraído ilegalmente de su juez natural durante el receso judicial de enero, por el tristemente célebre Dr. Pablo Baca, quien aun encontrándose recusado de entender en la misma y sin competencia ordena el levantamiento de la medida otorgada. Esta gravísima irregularidad fue denunciada ante el Senado de la Nación y es una de las causales por la que se analiza la intervención judicial en la provincia de Jujuy.
El jueves 30 de abril, en horas de la tarde, la afiliada de AFFAJ en cuestión, recibe una notificación del juzgado de faltas municipal de San Salvador de Jujuy (que no es un organismo judicial sino administrativo municipal). En la misma se “ordena” el procedimiento de “decomiso y levantamiento” de los bienes del puesto de venta, violando la orden judicial anteriormente mencionada. La justificación se basó en una supuesta “invasión al espacio público”, espacio que ocupa hace 20 años.
Finalmente, el viernes 1 de mayo, (menos de 24 horas luego de la notificación recibida), fue desaloja violentamente con el único objetivo de impedir a la Vendedora Rodríguez la posibilidad de defenderse. La orden fue emitida por el Juzgado Administrativo de Falta Municipal y firmada por el Dr. Federico Jorge.
En una reunión que mantuvo Ramírez, meses previos al desalojo con el secretario de gobierno, Millón, se la escucha decir: “¿Yo sabe que quiero? Quiero trabajar señor. Hace una semana que no trabajo ya”. Por su parte Millón le contesta “Si hay algo que me enfurece es que me metan el gremio” “Al gremio no me lo vuelva a meter porque si no yo no la vuelvo a atender y lo digo en presencia de la señora que sabe, que el gremio lo único que hace, hace paro, jorobar y obstaculizar el trabajo de la municipalidad”, es decir el funcionario amenazó …
Si bien la provincia de Jujuy inició la flexibilización de la cuarentena ya que no registra nuevos casos de Covid19 desde hace más de 30 días, aún rige la emergencia sanitaria, la crisis económica y la falta de generación de empleos. En ese marco, se agrava la situación aún más para las mujeres que dependen de sus ingresos diarios para sostener a sus respectivas familias y, por sobretodo, aquellas que provienen de sectores más vulnerables.
En relación a ello el apoderado legal del gremio, el Dr. Héctor Huéspe dijo que “bajo este contexto complicado que atravesamos por la pandemia, el gobierno aprovecha para concretar actos ilegales, atacando a quienes se oponen o reclaman sus derechos. En este caso el Secretario de Gobierno Municipal, Gastón Millón amenazó y extorsionó a la Señora Ramírez para que abandone el gremio si quería mantener su puesto en el mercado”. Más adelante destacó que “se cumplió la amenaza durante el día del trabajador, en pleno feriado nacional y en horas de la noche, lo que se encuentra absolutamente prohibido por la constitución nacional y provincial. El operativo fue violento,ilegal y represivo con la vendedora y su familia, propio de la época de la dictadura cívico militar”, agregó Huespe.
El desalojó se ejecutó sin una orden judicial, con participación de las fuerzas sin identificación y en vehículos no oficiales, esas imágenes fueron registradas.
Ramírez contó que “hace un mes no estoy en el puesto vendiendo mis productos, soy una mujer mayor que está en el grupo de riesgo. Hace dos días volví a trabajar, lo necesito, mi familia depende de mis ingresos diarios, ya no tenemos para comer. Pregunté si podía venir a trabajar respetando todas las condiciones de seguridad sanitaria, me respondieron que sí porque todos los puestos seguían funcionando de manera normal”, puntualizó.
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