Otro revés judicial recibió ayer el dueño de la empresa Ledesma SAAI Carlos Pedro Blaquier y el ex administrador de la compañía Alberto Lemos, tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que declaró “inadmisibles” los recursos interpuestos por su defensa, por lo que el expediente fue remitido nuevamente al Tribunal Oral Federal de Jujuy para seguir la investigación.
Tanto Blaquier como Lemos están procesados por delitos de lesa humanidad por lo hechos ocurridos en la noche del 20 de julio y la madrugada del 21 de 1976, conocida como la noche del apagón.
Sin embargo, no es el único golpe que recibió el empresario en las últimas semanas.
El 8 de julio pasado, la Corte Suprema avanzó en dejar sin efecto una resolución de la Cámara Federal de Casación que, en 2015, dictó la falta de mérito de Blaquier y Lemos, y además ordenó que se dicte una nueva sentencia.
Asimismo, la sala IV de la Cámara de Casación resolvió este jueves “declarar inadmisibles los recursos interpuestos por las defensas de Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos”, por lo que seguirá en curso la investigación por los delitos de lesa humanidad por los que están acusados.
El cuerpo de jueces además remitió las actuaciones al tribunal de origen, por lo que la investigación deberá seguir su curso en la provincia de Jujuy, “en una instancia donde se debe resolver la elevación a un juicio oral y público”.
Según la acusación, Blaquier y el exadministrador del ingenio, Alberto Lemos, fueron procesados como partícipes necesarios de "La noche del apagón", como se conoce a la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, sucedido entre el 20 y el 27 de julio de 1976.
El empresario y su colaborador están acusados de proveer vehículos y personal del ingenio para ese operativo represivo, como consta en diversos testimonios de sobrevivientes, en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad.
El pasado miércoles, la agrupación Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) de Jujuy, reclamaron la celeridad de la instancia judicial y recordaron que, en el año 2015, “la causa contaba con los pedidos de elevación a juicio de las partes acusadoras”.
Abogaron por “llegar de una vez al juicio oral y público, y se obtenga una resolución definitiva que restablezca el orden jurídico violentado hace ya más de 45 años”, expresaron finalmente en un comunicado de prensa.
Fuente: Grupo La Provincia
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