La defensa de Milagro Sala pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto el juicio por los huevazos a Gerardo Morales de 2009, que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy resucitó hace dos semanas para dictar una nueva condena contra la líder de la Túpac Amaru antes de las elecciones que se celebraron el último domingo en la provincia norteña. En una audiencia que se realizó virtualmente este último miércoles, los abogados de Sala también denunciaron que una senadora nacional le presta su despacho a Morales para recibir notificaciones sobre la causa con la que hostiga a la dirigente social.
Minutos después de las 9,30 se conectaron los camaristas Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Liliana Catucci para escuchar a las defensas de los tres imputados en el juicio por la protesta contra Morales en 2009 cuando era senador. En ese escrache, Milagro Sala no participó, pero la justicia federal jujeña se las ingenió para condenarla en 2016 -siete años después de los hechos- como instigadora de los huevazos gracias al testimonio que decía que la protesta se había organizado en la casa de Sala. Lo raro fue que el testigo omitió aclarar que era empleado de la gobernación que conduce Morales. Inicialmente los tres, Sala, Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra, fueron condenados por el delito de daño, pero hace dos semanas el TOF de Jujuy le sumó el delito de amenazas y le dictó una sentencia a Sala de tres años y medio de prisión.
El caso llegó ahora a la Cámara Federal de Casación porque -antes del juicio que se hizo en 2016 -, el TOF le impidió a Salvatierra designar a un abogado de su confianza y le impuso un defensor de oficio. La Sala IV de la Casación no atendió entonces su reclamo. Lo curioso fue que hasta el Ministerio Público alertó que se estaba ante una violación grave: tanto el fiscal ante la Casación Federal Javier De Luca como el procurador fiscal ante la Corte Víctor Abramovich le dieron la razón a Salvatierra. La Corte convalidó lo que decían, pero cuatro años después y reenvió el tema a la Cámara Federal de Casación.
El fiscal De Luca volvió a plantear que todo el proceso contra Salvatierra es nulo desde el momento en que no lo dejaron elegir a su defensor y, por ende, sería nulo el juicio en el que se los condenó en 2016, así como la decisión del TOF de Jujuy de agravar la pena este mes. “Al tratarse de una nulidad absoluta, ello generaría la nulidad de todo lo actuado”, sostuvo De Luca en las breves notas que entregó a la Casación y a las que accedió Página/12. “La característica de esta nulidad es el estado permanente de indefensión, de modo que esa situación no es susceptible de saneamiento”, abundó De Luca.
El defensor de Salvatierra el abogado Lucio Plaza a través de escritos y su participación en la audiencia volvió a subrayar una serie de irregularidades a su defendido en el proceso.
“Ésta es la primera oportunidad que tenemos de ser realmente escuchados en cuatro años”, les dijo a los camaristas Marcos Aldazabal, defensor de Sala, que está por cumplir 2000 días detenida --que coinciden con el tiempo que Morales lleva en el gobierno provincial--. “Lo que ha sucedido en los últimos días en la provincia de Jujuy ha sido muy grave”, agregó en referencia a la sentencia exprés con la que el TOF provincial se despachó para agravar la situación de Sala antes de las elecciones. El abogado insistió que la causa ya estaba prescripta y que, además, era nula por toda la irregularidad que rodeó a Salvatierra, lo que también afectó la posibilidad de defenderse de las otras dos imputadas, Sala y López, Por eso, reclamó el sobreseimiento de la líder de la Tupac.
Los abogados de Morales no participaron de la audiencia. Presentaron un escrito de doce páginas en el que reclamaban que la Casación desestimara el planteo de Salvatierra por “dilatorio”. Sin embargo, la curiosidad de la audiencia fue que tanto Aldazabal como su colega Luis Paz denunciaron que la senadora radical Silvia Giacoppo le presta su despacho oficial a Morales para recibir notificaciones que hacen a la causa. A todas luces es una situación extraña, ya que no se trata de una causa en la que la provincia es querellante, sino, por el contrario, una causa particular que impulsa Morales desde mucho antes de que llegara al gobierno provincial. “Siempre vimos que había una clara intromisión política, esto lo ratifica”, dijo Paz.
Giacoppo integra, además, el Consejo de la Magistratura, donde la defensa de Sala radicó una denuncia contra los tres integrantes del TOF por resucitar una causa que ya debería haberse cerrado y por convocar a una audiencia exprés pese a que los abogados avisaron que no estaban en Jujuy y no habían tenido tiempo de preparar la estrategia defensiva con la líder de la Túpac. La denuncia contra los jueces Mario Juárez Almaraz, Alejandra Cataldi y Marta Liliana Snopek, está en manos del juez Alberto Lugones, que en la última reunión del Consejo tuvo un fuerte cruce con la senadora porque ella defendía a capa y a espada a Juan Carlos Gemignani, el integrante de la Cámara Federal de Casación denunciado por enviar mensajes misóginos en el chat que compartía con todos sus colegas del máximo tribunal penal.
Fuente: Página 12
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