El sábado 22, una mujer en situación de calle junto con sus cinco hijos, ocuparon un terreno del barrio Villa Floresta, en Salta. Horas más tarde, los efectivos de la Guardia de Infantería, llevarían a cabo un operativo, en el cual dejó como víctima fatal, un vecino que intentó ayudar a la mujer que iba a ser desalojada.
En el operativo, que la Mesa Provincial por los Derechos Humanos de aquella provincia indicó como “ilegal”, participaron 12 policías que se acercaron al lugar, para desalojar a Miriam Gaspar junto a sus cinco hijos. En ese momento, un vecino, David Alfonso Neri Ovejero, intercedió a los gritos para evitar que se llevara a cabo la expulsión de Miriam Gaspar, puesto que no tenía otro lugar donde dormir.
Según los testimonios de los propios vecinos, los policías tomaron del cuello a Ovejero y lo asfixiaron hasta dejarlo inconsciente. Luego de eso, el hombre se desvanece y quedó tirado en la calle. Los vecinos le reclamaron a los efectivos que auxiliaran a Ovejero, pero según indicaron los testigos no hicieron nada y solamente “se reían”. Fue otro vecino, enfermo, que debió asistirlo.
Media hora más tarde, llegó la ambulancia, que trasladó al Hospital a David Ovejero, pero llegó sin vida.
Según consta en el comunicado que elaboró Mesa Provincial por los Derechos Humanos de Salta, la muerte de Ovejero se produjo en el marco de un operativo ilegal, porque no hubo ninguna orden judicial en el “procedimiento”.
El accionar de la policía puede interpretarse por quien fuera el damnificado de la toma del terreno. Según consta la investigación judicial, que imputó al oficial Ángel Peralta, el Cabo Emanuel Liendro y el agente Maximiliano Mansilla del delito de homicidio culposo; el terreno en cuestión pertenece a Soledad Rivero, quien cedió el lugar a su hermano Pablo Rivero, efectivo policial de la Comisaría 24 en Orán.
Fue el mismo día de los hermanos Rivero se enteraron de la ocupación del terreno, que se acercaron hasta allí, para discutir con Miriam Gaspar. Según consta la causa, Pablo Rivero no ocupa el terreno debido a su actividad en otra ciudad, mientras que Miriam Gaspar, indicó que ocupó el lugar porque estaba deshabitado.
Por otra parte, la Mesa de Derechos Humanos, consideró que este no es un hecho aislado, sino que se suma a otros casos, donde la policía ha cometido el delito de homicidio.
Tal es el caso de Nahuel Salvatierra, de 17 años, asesinado en el barrio Solidaridad de un balazo en el cráneo. También Gabriel Mura Ortiz, asesinado por la espalda en el barrio Sarmiento, de Diego Federico Quiroga, 32 años, asesinado de nueve disparos en el barrio El Círculo, de Nahuel Franco, 15 años, asesinado en villa 20 de junio.
Según el organismo, el accionar policial responde a la política del gobierno de Juan Manuel Urtubey, junto con el intendente Gustavo Sáenz, que “hace apología del gatillo fácil y garantiza impunidad a los uniformados, que tiene bien aceitado el aparato policial para someter a la población por el miedo y frenar la resistencia a la miseria producida por sus brutales políticas de ajuste”.
Del mismo modo, exige justicia para David Ovejero y consideraron que “es urgente decir basta a la policía que mata con la complicidad de jueces y políticos y con total desprecio por la vida humana. Basta de policías y jueces que arman cadenas de encubrimiento, que borran rastros, que colaboran con la construcción de escenarios falsos para que los hechos parezcan otra cosa, que manipulan para que la culpa sea de la víctima. Basta de policías que disparan a una persona desarmada y por la espalda y que disfrazan casos de gatillo fácil de “enfrentamientos” con pruebas plantadas. Basta de policías que fusilan niños y siguen en libertad y en funciones. Basta de violencia, abusos de autoridad y atentados a los derechos más básicos. Llamamos a resistir esta política que degrada la democracia y profundiza el rol represivo y criminal del estado a través de sus “fuerzas de seguridad”.
Fuente: Cuarto Poder Salta
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