JUJUY

Adhesión de PUAJ

1F: por una Corte que garantice el acceso a la justicia

Jujuy fue el laboratorio de la implementación del denominado lawfare, con la cooptación de la justicia por parte del poder político. La ampliación del Superior Tribunal de Justicia y su integración con connotadas figuras del radicalismo local

1F: por una Corte que garantice el acceso a la justicia

Periodistas Unidxs Autoconvocadxs de Jujuy (PUAJ) adhiere a la movilización convocada para el 1° de febrero frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reclamo de cambios profundos en la administración del servicio de justicia en la Argentina.

“Como trabajadores y trabajadoras de prensa, hemos sido testigos día a día y a lo largo de los últimos años del deterioro de la calidad de un Poder Judicial que fue acentuando su sesgo clasista, ya sin esfuerzo en ocultar su alineamiento a los poderes concentrados de la economía y los sectores políticos que los representan”.

“Esto se refleja sobre todo en la criminalización de la protesta, la falta de perspectiva de género, la demora injustificada en la resolución de causas y la dificultad extrema de acceso a la justicia de los sectores populares”.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judicial, atraviesa una profunda crisis de legitimidad. Son apenas cuatro ciudadanos que tienen en sus manos la posibilidad de decidir sobre el destino de más de 45 millones de argentinos. Y dos de ellos aceptaron haber sido designados por un decreto presidencial, en violación a todos los procedimientos previstos por nuestra Constitución Nacional”.

“Mucho se ha repetido que la provincia de Jujuy fue el laboratorio de la implementación del denominado lawfare, con la cooptación de la justicia por parte del poder político. La ampliación del Superior Tribunal de Justicia, la Corte provincial, y su integración con connotadas figuras del radicalismo local, fue la primera avanzada en esa implementación. A la que se sumó la creación del Ministerio Público de la Acusación, un órgano que no está subsumido a ningún control institucional y cuya constitucionalidad está fuertemente cuestionada desde diversos ámbitos”.



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