JUJUY

Para defender el territorio

A casi un mes de vencer la ley de relevamiento de comunidades indígenas, pueblos de Jujuy realizan una asamblea

El 23 de noviembre concluye el periodo de prórroga de la ley nacional 26.160, implementada hace 15 años y que protege a comunidades de desalojos arbitrarios. A pesar de ello, sólo el 56% de los pueblos fueron relevados

A casi un mes de vencer la ley de relevamiento de comunidades indígenas, pueblos de Jujuy realizan una asamblea

 

Si bien ingresó al Senado a mediados de agosto un pedido para extender hasta el 2025 la Emergencia Territorial Indígena, lo cierto es que en el marco de las elecciones legislativas, el Congreso Nacional ha clausurado el debate, ante ello y casi a un mes de vencer la prórroga de la ley 26.160, comunidades indígenas de Jujuy organizaron una asamblea para discutir sobre el tema.

El avance de diversos proyectos privados sobre las tierras ocupadas ancestralmente en Jujuy pone en evidencia la necesidad que la normativa mantenga su vigencia, dado que la misma protege a los pueblos indígenas de desalojos arbitrarios.

La situación se extiende en todo el país y pese a que la ley ya tiene 15 años, sólo el 56% de las comunidades originarias fueron relevadas.

En ese sentido, la Asamblea Provincial de Pueblo Indígenas convocó para el 25 de septiembre a un encuentro en Huacalera para discutir sobre la urgente implementación de una ley de propiedad comunitaria indígena. El lugar no fue elegido al azar: en dicha localidad la inmobiliaria trasnacional REMAX puso en venda unas 18.500 hectáreas habitadas por distintas comunidades.

El encuentro se realizará a las 10 y tiene como principal lema “defender el territorio, es defender la vida”.

 

Una de ley de Emergencia de poca ejecución

Convertida en ley en 2006, Emergencia Territorial Indígena la normativa logró ser prorrogada tres veces, en contraposición, la extensión deviene de su baja ejecución teniendo como principal objetivo relevar las comunidades indígenas de todo el país.

Según indicó el sitio originarios.ar, medio especializado en la temática, en quince años de vigencia de la ley 26.160 solo ha sido relevado el 56 por ciento de las comunidades indígenas de Argentina.

La ley ordenaba, en el año 2006, “declarar la emergencia” en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y realizar el relevamiento territorial en todas las comunidades en 4 años, asunto demasiado ambicioso que no contemplaba la verdadera complejidad de la tarea en trabajo y tiempos.

A la fecha van trascurridos 15 años con altibajos en la continua y necesaria decisión política sin titubeos para su avance y ejecución real, acompañado esto de vaivenes poco serios en cuanto al presupuesto acorde para lograr su culminación.

La ley 26.160 fue sancionada en el año 2006 y prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26.554, en el 2013 a través de la Ley 26.894 y en el 2017 con la Ley 27.400, que extiende su vigencia hasta noviembre de 2021.

Los Pueblos Indígenas en Argentina exigen la prórroga de la vigencia de la Ley 26.160 (hoy 27.400) porque es la única que expresamente dispone la suspensión de los desalojos de los territorios que poseen “por el plazo de la emergencia declarada”. Si esta ley caduca no existirá ninguna que los proteja de los desalojos de los territorios que ocupan.

La etapa comprendida entre el año 2017 y el 2021 es la peor etapa que han tenido que vivir los pueblos indígenas para garantizar la aplicación de la norma en su territorio.

Respecto a la cantidad de comunidades reconocidas por el INAI y los convenios con las provincias son 1756 de las cuales han sido relevadas 989 comunidades, el (56%) y faltan relevar otras 767 comunidades indígenas, el (44%); la cantidad de hectáreas relevadas es aproximadamente de 8.000.000 de hectáreas.

Actualmente se encuentran vigentes convenios para llevar adelante el relevamiento en cinco provincias: Salta, Misiones, Jujuy, Chaco y Santa Fe y se mantienen conversaciones con el resto de las provincias para acordar con las mismas, la continuidad a través de los mencionados convenios específicos que se firman entre el organismo nacional en representación del estado nacional y los gobiernos provinciales en el marco del federalismo argentino.

 



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