Abogados de Jujuy exigen respuestas del gobierno y la justicia por los casos de abuso de funcionarios

Los casos de violencia y acoso dentro de la administración pública bajo la gestión de Gerardo Morales, desataron un ola de repudio de distintas organizaciones, y ahora se sumó el rechazo del accionar del ejecutivo y la justica por parte de la Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ).

En un comunicado, dicha organización señalaron que “desde hace tiempo, estamos acompañando, asistiendo y conteniendo a víctimas denunciantes de distintos funcionarios públicos acusados de perpetrar violencia, maltrato y abuso prestando especial atención y reclamando a la Justicia, el efectivo acceso a mecanismos legales rápidos, eficaces, que estén a la altura de las circunstancias y respetuosos de los derechos en juego” con el objetivo de  “aplicar las sanciones y reparaciones que correspondan, garantizando de ésta manera el pleno funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, pilares fundamentales de los Estados modernos”.

Sobre estos hechos, subrayaron “resulta imperioso que la Justicia se expida, en aquellos casos donde resultaron denunciados dichos funcionarios, dando muestras a la sociedad de su independencia, de su imparcialidad y de guardianes últimos de derechos y garantías establecidos en la Constitución”.

En cuanto a los casos denunciados, recordaron las distintas denuncias que pesan sobre funcionarios de la gestión Morales.

1) El pasado mes de Julio el titular del Ministerio Público de la Acusación, fue denunciado en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, por dos de sus funcionarios, acusado de acoso, maltrato y persecución laboral. A la fecha la causa permanece paralizada (cajoneada), el denunciado ni siquiera ha formulado su descargo, por supuesto ni siquiera se ha sustanciado la prueba ofrecida. Esta situación resulta inadmisible por la gravedad que revisten las denuncias y el derecho de los administrados y administradas de peticionar ante las autoridades y tener una respuesta en un plazo razonable y oportuno;

2) Recientemente, el Ministro de Trabajo fue denunciado por acoso laboral, abuso de autoridad y violencia en contra de trabajadoras. De manera aviesa, el funcionario sólo atinó a “pedir licencia”, permaneciendo su vinculación con el Gobierno Provincial, situación vergonzosa que requiere de respuestas claras y contundentes por parte de la justicia, para alejar la sensación de impunidad que se cierne sobre jujeños y jujeñas que, aun así, siguen esperando y confiando.

3) Mención aparte merece el caso del Secretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, denunciado en el mes de agosto de 2019 por una adolescente por un supuesto de abuso sexual intrafamiliar. Si bien el funcionario renuncio a su cargo, y a la fecha ha sido imputado, debe llamar a la reflexión el hecho de que haya sido la persona encargada en la Provincia entre otras cosas de “Prevenir el delito desde la coordinación de acciones Estado-Comunidad y aportar a la gestión ministerial una visión social de la violencia y el delito fortaleciendo la contención en hechos acaecidos y la prevención ante situaciones de riesgo”. Como se comprenderá la posición y el cargo jerárquico que el denunciado ostentaba hacen doblemente reprochable su conducta e interpela al Ejecutivo, sobre el perfil, la ética y los valores de las personas elegidas para cumplir con altas responsabilidades ante la sociedad.

4) Por último no olvidamos las situaciones de maltrato, persecución y violencia laboral a empleadas de las Secretarias de Niñez y Paridad de Género denunciadas por gremios estatales. Lo que solo desnuda la falta total de compromiso de organismos que fueron creados exclusivamente para la atención de grupos vulnerados y en definitiva, al Estado Provincial respecto de la seriedad con que se atiende el tema de la violencia.

Debido a los 4 casos señalados, la AAJ indicaron “todas estas situaciones evidencian un serio deterioro en la calidad de las Instituciones (y sus encargados/as) que rigen el destino de la ciudadanía jujeña y por lo tanto exigen respuestas de oficio y sin dilación, serias y efectivas. Al respecto lamentablemente recordamos que ni siquiera se ha expedido públicamente el reflotado y rebautizado “Consejo de la Mujer e Igualdad de Género” limitándose solo a la mera presentación de un protocolo para atender los casos de violencia contra las mujeres en la Administración Pública y, lo más inaceptable y vergonzoso ya que parece un insulto a las víctimas, la firma de un convenio de colaboración con el titular del Ministerio Publico de la Acusación, funcionario altamente cuestionado y denunciado por tratos humillantes y denigrantes a sus empleados y empleadas”.

Asimismo, la asociación recalcó “reclamamos públicamente a la Justicia, solicitando inmediatas investigaciones y decisiones firmes y ejemplares que den cuenta, que todavía se tiene algún respeto por las víctimas, el Derecho y las Instituciones. Así también exigimos al Ejecutivo gestión y políticas públicas serias y reales de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres demostrando fehacientemente que es una prioridad en la agenda pública local” finaliza el documento.