La comisión internacional de derechos humanos, se encuentra realizando un relevamiento de la situación social de Jujuy en el marco represivo que se profundizo con la reforma de la Constitucion en junio pasado, la violencia institucional, la violación a los derechos humanos, la persecución política a comunidades indígenas, organizaciones scoailes, gremiales. Finaliza mañana su visita en la provincia, y se espera un informe a los tres poderes del estado de la provincia.
Lucía Chávez Vargas, vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) definió el relevamiento que realizó junto con sus colegas como "conmovedor y difícil". Fueron los testimonios que compartieron "las personas y miembros de comunidades indígenas" las que movilizaron a la delegación. "Ellos están viviendo en carne propia la decisión del gobierno jujeño", dijo sobre las consecuencias del proceso de reforma parcial de la Carta Magna de esa provincia.
Chávez Vargas, abogada mexicana, aseguró a este medio que la comitiva todavía analiza la información que recopilaron entre el 21 de agosto y ayer, principalmente en las regiones andinas (quebradas, puna y altiplano) de la provincia de Jujuy. Adelantó que emitirán recomendaciones al gobierno provincial y nacional. En el caso del Estado jujeño, lo remitirán a cada uno de sus tres poderes y también a los órganos autónomos. Por otro lado, dijo que realizarán "una devolucion a las comunidades", aunque no precisó una fecha. Y finalmente, remitirán el informe final a "instancias internacionales", para que el material cotejado "pueda alcanzar un carácter más vinculante", precisó.
A su entender, cuando una causa (individual o colectiva) alcanza instancias supranacionales, como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "el gobierno argentino puede ser citado y el federalismo no es una excusa para no cumplir" con sus obligaciones.
De manera preliminar, las nueve personas que integraron la misión advirtieron tras la visita que la nueva Constitución de Jujuy obstaculiza derechos fundamentales de la ciudadanía jujeña, como la protesta social. Por otro lado, en lo que concierne a comunidades originarias, convirtió el acceso a la propiedad comunitaria de la tierra en una meta imposible de alcanzar para el colectivo indígena. "Nos dimos cuenta una falta de efectivos contrapesos y de división de poderes en la provincia", dijo la referente. "Tendremos que analizarlo a la luz de la información que hemos recibido, tanto de parte de las comunidades indígenas como las entrevistas que todavía mantenemos", contó sobre un encuentro realizado ayer con ministros del gabinete jujeño.
Durante la entrevista con Salta/12, Chávez Vargas detalló parte de los principales ejes de la indagación que realizaron en Jujuy. En primer lugar: la reforma de la Constitución provincial. "Lo que escuchamos es que no hubo diálogo para construirla y que, al final (a la ciudadanía) iba a afectarles", como pasa respecto de la propiedad colectiva de las comunidades originarias y la restricción de derechos como la protesta en la vía pública.
En segundo término, explicó que "en el contexto a nivel mundial de cambio climático y la falta de agua" vieron "con preocupación que la reforma permite los proyectos de extraccion de litio". Evaluaron que "la nueva Constitución puede afectar considerablemente en varios derechos, como el acceso al agua, al medio ambiente sano, a la tierra y el derecho a la propia vida de las comunidades".
Finalmente, la misión analizó el contexto de represión y barajó situaciones de "posible hostigamiento", tanto durante el desarrollo de actividades de protesta como que esa actitud de parte del Estado provincial se oriente a personas en particular. Tuvo en cuenta varios momentos. Temporalmente, analizó los reclamos desde las protestas del 17 de junio pasado en el corte en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52, sobre el acceso a Purmamarca en la Quebrada de Humahuaca; las manifestaciones del 20 del mismo mes en las calles de San Salvador de Jujuy, durante la jura de la nueva Constitución provincial, hasta las últimas denuncias de hostigamiento policial por parte de comuneros y comuneras apostados sobre la ruta 52 a la altura de Salinas Grandes o por la nacional 40 cerca de las plantas de carbonato de litio en Salar de Olaroz.
"Hemos documentado", informó Chávez Vargas, "un posible contexto de criminalizacion de las protestas". Asimismo, destacó "la utilizacion de armas menos letales, como balas de goma y gases lacrimógenos que tuvieron la funcion de dañar a las personas". La misión no descartó enviar sugerencias al gobierno jujeño, aunque no serán vinculantes.
La misión estuvo compuesta por referentes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la organización Defensa del Ambiente (AIDA, por sus siglas en inglés), la ong alemana Pan para el Mundo; también la integraron representantes del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la organización International Work Group for Indigenous Affairs, el Centro Legal de Derechos Humanos (HRLC por sus siglas en inglés), el Centro de Estudios de Derecho y las organizaciones Justicia y Sociedad y el Movement Law Lab.
Para obtener información de primera mano se entrevistaron con comuneros y comuneras de las regiones de la Quebrada, la Puna y altiplano jujeño. "Estuvimos en varios cierres (por los cortes) de rutas". Hasta ayer permanecían activos los de Abra Pampa y La Quiaca sobre la ruta nacional 9, y en Coranzulí, sobre la nacional 40, en el departamento Susques. "Sentimos mucha apertura por parte de las personas que entrevistamos", relató Chávez Vargas. "Algunos eran líderes; otros, personas directamente afectadas en los cierres de ruta o en el contexto de protestas", detalló.
Acerca de las fuentes oficiales, la abogada indicó que las y los miembros de la misión internacional tuvieron acceso a información proporcionada por el gobierno provincial y las fiscalías del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. "No pudimos entrevistarnos con el Poder Judicial", se lamentó por otro lado. Aclaró que no mantuvieron un encuentro con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, "solamente con parte del equipo de algunos de sus ministerios".
Alicia Chalabe, abogada de comunidades originarias de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, evaluó esta visita de representantes de derechos humanos en misión internacional como muy importante, principalmente por los ejes de análisis elegidos: la represión, sus consecuencias y las personas damnificadas, y el extractivismo y los recursos naturales en relación con la reforma constitucional.
La abogada jujeña recordó que referentes de las organizaciones de derechos humanos, de Humahuaca mantuvieron reuniones con más de 150 personas que les relataron lo acontecido durante los meses de protesta social. En esa jornada y con gran detalle, se centraron en la noche del 30 de junio y madrugada del 1 de julio, cuando el Concejo Deliberante de Humahuaca decidió rechazar la reforma y la policía ingresó por las calles actuando contra quienes manifestaban. En ese escenario, el músico Joel Paredes perdió un ojo. Lo mismo ocurrió en otros encuentros, como los cortes de Abra Pampa y La Quiaca, lugares donde la protesta social continúa activa y numerosos miembros de comunidades originarias se acercaron para compartir sus testimonios con la comitiva internacional.
Fuente Página12
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