Luego de la polémica suscitada por el pedido que realizó el fiscal de Investigaciones Complejas, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), para que se entregara una nómina completa con “el nombre del personal que realiza el programa Jujuy Investiga”, luego que se tratara allí los pedidos de juicio político que avanza en la Legislatura, el mismo MPA publicó una resolución donde se indica que se dispondrá de “medidas internas para resguardar activamente los derechos de libertad de expresión, prensa e imprenta de obligatorio cumplimiento para todos los integrantes del MPA”.
En el documento, con la firma del fiscal general, Sergio Lello Sánchez, sobre el cual pesa varias acusaciones por la forma en que conduce ese ministerio judicial, expresa “el MPA -y cada uno de sus integrantes- desempeña un papel central para el respeto y la garantía de los derechos en general, entre los cuales se encuentra la libertad de expresión y de prensa, y de los de protección judicial y debido proceso en particular”.
Además, ya en forma personal, Lello aclara “una de las prioridades al iniciar mi gestión en enero de 2016 fue convertir al MPA en un actor protagónico en la promoción de la actuación de la justica en la protección de los derechos humanos en materia penal”. Definitivamente, Lello cumplió con dar protagonismo al accionar de la justicia, pero, por su mal accionar. Son varios los colegios de letrados, entre ellos el de abogados, que se preguntan sobre el accionar. (Leer) El Ministerio Público de la Persecución
Pese a los esfuerzos del propio Lello Sánchez, el cual indica que desde que asumió en el MPA “se utilizaron los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos, en especial los del sistema interamericano, como marco jurídico y conceptual de cada una de las reformas internas que se realizaron, así como los dictámenes presentados ante el Superior Tribunal de Justicia (TSJ) de Jujuy”, parece que esto no fue suficiente para que sus empleados comprendieran la importancia del cumplimento de las normas vigentes tanto a nivel nacional como internacional. O tal vez, ese “esfuerzo” no fue tal.
Recordemos que en la última emisión del programa “Jujuy Investiga” se trató el avance de los juicios políticos en el ámbito legislativo, medida que pesa sobre el Fiscal General de STJ, Alejandro Ficoseco, quien además cursa la investigación sobre las acusaciones contra el mismo Sergio Lello Sánchez, y también el juicio político contra 3 integrantes del Tribunal de Cuentas, organismo encargado de controlar los gastos de la gestión de Gerardo Morales. Luego de la emisión del programa, desde el área de Investigaciones Complejas, dependiente del MPA, se inició un expediente judicial, en el cual se exigió a Canal 7 entregar una nómina completa con “el nombre del personal que realiza el programa Jujuy Investiga. También exigió informes referentes a la realización del programa, como detalles de producción y edición y los nombres de los conductores.
Leído como clara amenaza, fueron los mismos periodistas quienes hicieron pública la situación. Por su parte, desde el MPA, indicaron que dicho expediente se había iniciado porque en el programa se habían divulgado datos sobre las mujeres que presentaron los pedidos de juicio político.
Fue tal la gravedad, que los propios fiscales de todo el país expresaron su repudio al intento de coartar la libertad de expresión y del libre ejercicio de la profesión.
Fue por ello, que desde el MPA tuvieron que salir a aclarar la situación. Aún así, hay que explicarle al propio Lello Sánchez, que la ciudadanía no necesita que el MPA garantice la libertad de expresión después de producir un violento acto de intimidación al periodismo. Nuestra Constitución Nacional consagra ese derecho y ningún Fiscal de provincia se puede arrogar la facultad de quitarlo o proveerlo dentro de un Ministerio Público o para la ciudadanía en general.
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