Las comunidades indígenas de Quitacara, La Huerta, El Perchel, Villa Las Rosas, Villa Perchel, El molino, Yacoraite son siete comunidades de Huacalera que se ven damnificadas por la venta de sus territorios por una inmobiliaria. Solicitaron información a funcionarios provinciales, municipales y no tuvieron respuesta ante el anuncio por redes sociales de la inmobiliaria. Ante esta situación determinaron medidas de fuerza y estado de alerta.
Desde mañana realizaran medidas en la Ruta Nacional N° 9 para visibilizar la situación que viven las comunidades en el Patrimonio de la Humanidad donde no se respetan los derechos indígenas, ni la preservación de esos territorios.
Las comunidades cruzaron información y se dieron que la zona en venta tiene muy cerca pedidos de cateo se encuentra una mina de Uranio y hay otras canteras de menor impacto.
“Respetamos la madre tierra, nos sentimos burlados y estamos siendo muy avasallados y se está usando la pandemia para hacer estas cosas. Nos reunimos esta mañana en el CIC de Huacalera y la policía nos controla a nosotros que vamos a defender nuestros derechos, nuestra tierra”, sostiene Leyla Albonroz de la comunidad de Quitacara.
El conflicto se inició hace unas semanas, después de conocer que la inmobiliaria REMAX publica en su página la venta de una fracción de 18.485 hectáreas en el pueblo de Huacalera,
En la Quebrada de Humahuaca, donde los territorios pertenecientes a Comunidades Indígenas Kollas, reconocidos en la reforma Constitucional en el año 1994, pero que hasta el día de la fecha no se ha efectivizado la entrega de los títulos correspondientes a saber, Comunidades de: Angosto El Perchel, Villa El Perchel, Quitacara, La Huerta y Villa Las Rosas, El Molino, Angosto de Yacoraite y Yacoraite.
Las comunidades exigen: “El fin del Colonialismo y la encomienda, las explicaciones correspondientes por parte de las autoridades nacionales provinciales y municipales implicadas en el atropello a nuestros derechos territoriales” expresan en un comunicado.
Además solicitan la presencia de la Secretaria de Pueblos Indigenas Yolanda Cruz, y del INAI la Técnica Territorial Dra Mariel Bernal y del Gobernador Gerardo Morales.
Recuerdan el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT ratificado por ley 24.071, del articulo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, de la ley 26.160 , y de toda la legislación concordante provincial, nacional e internacional.
La inmediata entrega de los títulos correspondientes y el cese de las dilaciones que desde hace 27 años impide el cumplimiento de nuestros derechos territoriales.
En este sentido la integrante de la comunidad Quitacara relato que en estos días han visto agotado y fracasado los caminos administrativos de presentar notas y no reciben respuesta. “Hasta tanto no se satisfagan nuestras demandas, permaneceremos en la Ruta N 9 realizando cortes y vamos a informar sobre la situación” .
“Nos enteramos 15 días atrás, intentamos hablar solicitamos audiencia con la Comisionada de Huacalera, presentado notas. Participamos de reuniones con el Concejo hubo 5 reuniones y nunca fuimos escuchadas” relato.
“Es triste estamos solos porque no recibimos apoyo, ni respaldo, ni acompañamiento de alguna institución sobre estos territorios. En ese lugar la gente pastorea sus ovejas, cultiva la tierra”,
A las comunidades les llama la atención que en el predio que detalla la inmobiliaria hay un cateo o pedimento minero de Uranio. Además cerca a esas tierras se encuentra el hotel Monterrey que tiene como dueños a varios socios.” En el 2007 se reactivo el hotel, los dueños viven en Buenos Aires, y otros apellidos son socios como Nochetti, Calvo hay una sociedad” relata Albornoz.
En cuanto a la finca Monterey “nunca vimos a otra gente que no sean nuestros abuelos. Nunca vimos a un administrador o gente que diga ser dueño”.
“Se sabía que había una deuda con el gobierno. Nuestro representante de los pueblos indígenas no nos cuida, tenemos una mensura de nuestro territorio comunitario pero no tiene validez” afirma la mujer.
Acompaña la abogada Claudia Pérez, para visibilizar este conflicto ante el avasallamiento que están sufriendo las comunidades ante la venta de sus territorios.