Una amenaza de desalojo que sólo tiene un único objetivo: impedir que la comunidad de Río Grande siga manifestando su rechazo al intento de una minera de ampliar el yacimiento sobre territorio que ocupa el pueblo indígena.
El conflicto ocurre en Coranzulí, en el departamento de Susques. Allí, comuneros y comuneras ayer protagonizaron una protesta con el corte de un camino vecinal para exponer su desacuerdo a la intención de la empresa salteña Marcilece de ampliar superficie de explotación del yacimiento Loma Blanca y que afecta al territorio del ayllu de Collamboy.
Hace 30 años que la compañía extrae allí boratos, a pesar de la normativa vigente, la minera incumple con la contratación de integrantes de la comunidad: “la empresa no quiere trabajar con el pueblo, ya hicimos notas, cumplimos con todas las formas por parte de Minería, pero ellos no quieren tener un diálogo con nosotros”, detalló Edith, una de las comuneras.
La comunidad tuvo que esperar hasta 2015 para lograr que los trabajadores (provenientes de Salta y Abra Pampa) les fuera concedido el transporte y la comida. Sin embargo, la precariedad es moneda corriente. “Los hacen trabajar 30 días, 27, 21 o 18 horas”, explicó la integrante de la comunidad de Río Grande.
Ante el intento de ampliar el yacimiento, el lunes 11 la comunidad había sido citada a una reunión y no la quisieron atender “eso fue el enojo de la gente y de la comunidad y por eso se decidió cortar el camino de acceso a la empresa, que no se los deje entrar ni salir”.
Esta fue la respuesta de la comunidad al considerar todas las instancias de diálogo agotadas. Ayer, realizaron una manifestación pacífica en el acceso a la empresa con carteles y hoy volvieron a presentarse en el lugar, aunque el escenario es otro: además de la referente del Consejo de Participación Indígena -CPI-, también hay efectivos policiales. Asimismo, la funcionaria lanzó como amenaza que habrá desalojos por lo que espera la llegada de Infantería. La medida iba a tomarse ayer por la noche, aunque desde la Fiscalía se dio marcha atrás por la presencia de personas adultas mayores.
Protesta pacífica del jueves
El reclamo de la comunidad no es sólo por la discriminación que realiza sobre sus integrantes a la hora de la contratación, sino que, además exponen el peligro de la contaminación: “el polvo se viene a veces con el viento tiene olor tipo azufre y no se puede respirar”. Si bien la empresa cuenta con el estudio de impacto ambiental, la explotación está “en rojo”, indicó Edith, quien además expuso que la minera salteña está reabriendo la vieja planta.
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