Luego de pasar 53 días detenidos, el caso de Nahuel Morandini y Roque Villegas, presos por tuitear, el pedido para que se retiren los cargos en su contra cruzó las fronteras del país y en las últimas horas Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente para que se cumpla con esta solicitud.
La acción, que plantea una estrategia solidaria “por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos” y que se exige cuando “una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de acción enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate” fue enviada al fiscal de la causa, Walter Rondón.
La medida plantea el cierre de la causa contra Morandini, Villegas y Lucía González (sobre quien también pesaba una orden de detención que no pudo cumplirse por encontrarse en el país) por los delitos de alteración y supresión de la identidad de menores y lesiones psicológicas, luego de hacerse eco de los rumores de infidelidad dentro de la pareja del ex gobernador y Tulia Snopek. En el caso de los varones, asimismo, se suma la imputación de violencia de género.
Desde Amnistía Internacional mostraron su preocupación por el caso al considerar que “esta acusación penal como el abuso de la prisión preventiva, ya que restringen el derecho a la libertad de expresión. Este tipo de medidas aleccionadoras pueden tener un impacto desproporcionado y un efecto amedrentador más amplio. El derecho a expresarnos libremente es uno de los principios fundacionales de la democracia, pero cuando el Poder judicial no ejerce de modo correcto sus funciones, quienes defendemos derechos humanos no podemos hacer caso omiso a este tipo de vulneraciones que, justamente, empañan el buen funcionamiento de una sociedad justa y plural”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Así, el pedido de Amnistía Internacional se suma al pedido de sobreseimiento que hizo la defensa de Morandini y Villegas, que apuntaron a que no existe delito. “Las únicas pruebas aportadas a la investigación son estas publicaciones que no han tenido el efecto ni la intención de alterar la identidad a ninguna persona, sino que se trata de comentarios sobre trascendidos públicos que están amparados por ejercicio de la libertad de expresión”, referenció el organismo sobre el argumento del grupo de abogados de los acusados.
Mientras que Gerardo Morales señala en televisión que los imputados no estuvieron detenidos por tiutear, sino por el delito grave de supresión de la identidad y que fue decisión de la justicia, la maniobra de persecución contra Morandini, Villegas y González fue develada por el abogado de la arquitecta, quien escuchó del testimonio de su jefe -González se desempeñaba como inspectora de un organismo público de la provincia- que el ex gobernador lo había llamado para preguntarle por su contrato con el Estado provincial. Se supo en los últimos días, que dicho contrato laboral fue dado de baja. Se suma que la arquitecta -amiga de la familia Morandini- no hizo público el rumor de infidelidad en redes sociales, sino que hizo el comentario dentro de un grupo privado de WhatsApp, audio que fue escuchado por la fiscalía del MPA al secuestrar el teléfono de Morandini y por otro medio.