En un intento de frenar los cortes de ruta, Gerardo Morales anunciaba que se dejaba sin efecto uno de los artículos (el 50) en donde establecía que el Estado provincial podía sacar a las comunidades indígenas de sus tierras y reubicarlas en otras, sin embargo, las modificaciones agravaron la situación de pueblos originarios, ya que el nuevo texto ni siquiera reconoce su preexistencia, situación por lo que se presentó un amparo colectivo para declarar la inconstitucionalidad de la reforma.
Con el patrocinio de ANDHES -Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales- la presentación busca que la justicia declare la nulidad de las modificaciones en la Carta Magna y se vuelva a discutir, pero contemplando los procesos democráticos en que debe darse el debate.
“Venimos denunciando y resistiendo junto al pueblo jujeño la reciente aprobación de la reforma parcial de la Constitución Provincial realizada de manera exprés, sin debate, sin participación y sin publicidad”, apuntó ANDHES para argumentar el este pedido de nulidad.
En ese sentido, la organización expuso que la acción de amparo colectivo a favor de “las comunidades y pueblos indígenas” es para que se cumpla con la consulta previa, libre e informada, tal como refiere el Convenio 169 de la OIT, a la cual Argentina adhiere.
Así, el amparo también pide que se suspenda la aplicación “de todo el texto aprobado por la reforma parcial realizada, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y se garanticen los derechos vulnerados a las comunidades”.
Misma exigencia se vive en los cortes de ruta que realizan en la RN 9, 52 y 40, donde las comunidades sostienen que permanecerán hasta tanto no “caiga” la reforma constitucional.