La necesidad de cumplir el aislamiento parece difícil de entender para algunas personas, y aparentemente algunos jujeños están exceptuados del decreto de emergencia sanitaria y epidemiológica como ser diputados y funcionarios principalmente. Tampoco los alcanzan las multas abultadas que cobra la justicia contravencional y también la policía de la provincia tiene una vara muy distinta para hacer cumplir la normativa de acuerdo a la relevancia de los personajes involucrados.
Pero cuando la falta la cometen los encargados de administrar la vigilancia epidemiológica, como los propios miembros del Comité Operativo de Emergencia, la violación a las normas es aún más grosera y evidente e implica una falta de respeto grave hacia el esfuerzo que está haciendo la población de Jujuy.
El sábado se registró la primera polémica luego que la policía interviniera -tras varias denuncias- en la sede del gremio de Luz y Fuerza donde detuvieron a nueve personas que se encontraban preparando comida para llevar a un asentamiento en Alto Comedero y otros juntando ropa para donar a carenciados. En esa escena estuvo el presidente del bloque del PJ y secretario general del sindicato Pedro Belizán. La policía informó que había una denuncia en el fuero Federal y es así que realizaron todas las actuaciones y permanecieron en la comisaría del barrio Mariano Moreno hasta las 20 horas.
El escarnio mediático en las redes sociales fue inmediato argumentando que la reunión se trató de una fiesta en el sindicato y ruptura de la cuarentena. Otro evento que rompió el aislamiento el fin de semana pasado fue un encuentro de funcionarios radicales en Pampa Blanca.
Pero hubo otra reunión que no fue denunciada, donde no se hicieron presentes la policía ni los medios. En ella participaron los principales miembros del COE, una diputada y un funcionario del gobierno provincial, al ver las fotos es notable el ilícito cometido. Se trata de un agasajo al personal del hospital de campaña en Alto Padilla.
El almuerzo tuvo lugar el último sábado al mediodia en el predio de la Ciudad Cultural, donde se sirvieron asado y empanadas. Se pudo advertir la presencia de los principales referentes del COE provincial, también habría participado del agasajo la Diputada Nacional Gabriela Burgos y el Secretario de Gobierno Diego Rotela en incumplimiento flagrante de la norma vigente que prohibe las reuniones sociales de manera terminante y tiene a la mayoría de los jujeños en las casas.
Es que según establece el artículo N°3 del decreto 696, firmado el pasado 12 de marzo, se dispuso la prohibición por un plazo de 60 días “todas las actividades y actos públicos o privados, de carácter cultural, deportivo, religioso o recreativo, en la forma, modalidades y con excepciones, que establezca el Plan General de Previsión, Prevención y Promoción que definirá el Comité Operativo de Emergencia COVID 19, para garantizar que se evite la propagación de la pandemia mencionada”.
Es decir, el COE violó sus propias normas, dado que el agasajo no está dentro de las excepcionalidades, así lo confirman las actuaciones de la justicia dentro del sindicato Luz y Fuerza.
Asimismo, dentro del mismo decreto provincial, se establece que las resoluciones determinadas por el COE son de “obligatorio cumplimiento” (art. 8); por lo tanto, sus propios funcionarios están sometidos a la normativa.
Un ejemplo de ello, se dio cuando días atrás, luego de viajar a Buenos Aires para reunirse con el gabinete nacional, fue el propio gobernador Gerardo Morales quien debió cumplir con la realización del test para descartar un posible contagio del virus, medida que incluyó la realización de la cuarentena -hasta que se confirmó el resultado negativo- en un hotel capitalino.
De esta manera, mientras que el gobierno provincial impone la medida de restricción al común de la población, a la que vigila con celo, hecho que no se cuestiona, los propios funcionarios de la gestión Morales hacen caso omiso de la normativa.
Fuente adicional: Conectando Jujuy
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