Aumento de colectivo judicializado, apuntan contra Chuli Jorge por defraudación, estafa y abuso de autoridad

Pasando por alto la propia ordenanza del Concejo Deliberante que dispuso incrementos mensuales a partir de 2024 en los colectivos, este último sábado la municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que a partir de hoy rige la segunda suba de marzo, por lo que la medida que ya fue judicializada y apunta al propio intendente por los delitos de defraudación, estafa y abuso de autoridad.

La presentación la hizo CODECUC -Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidor de Jujuy- y argumenta en el recurso que dicho aumento es violatorio de la Constitución por no otorgar información sobre el precio justo.

Para la organización de consumidores, los incrementos que viene aplicando el Ejecutivo municipal son “ilegales, improcedentes, injustificados y arbitrarios porque nunca existieron pedidos de aumentos por parte de las empresas del transporte ni de los propietarios de taxis ni compartidos, previamente no se dio la debida información ni se dio la participación a los usuarios que tienen derecho a conocer la razón de los incrementos porque son quienes pagan los servicios”.

En ese sentido, desde el municipio se trató de justificar que dicha actualización se debe a “las medidas nacionales y la inflación del país, en el mes de diciembre de 2023 y por Ordenanza del Concejo Deliberante se declaró la emergencia en el transporte en San Salvador de Jujuy determinado aumentos en la tarifa de transporte en el ejido municipal”.

Apuntando a la deficiencia del servicio, CODECUC además señaló que el Ejecutivo tampoco “informa los números de ordenanza ni decretos del Ejecutivo municipal, todos los incrementos lo resuelven de un día para el otros, en secreto, a puerta cerrada sin transparencia y legalidad”.

Asimismo, la organización deja asentado que la municipalidad “se opone a la creación del ente regulador porque no quiere que nadie más intervenga en el tema de incrementos ni se controle los servicios. Este nuevo incremento del transporte es del 40%, el tercero que sumados superan el 200% en dos meses”.

Más allá de cuestionar el rol que tiene el intendente en aplicar estas subas por decreto, CODECUC también expuso la maniobra del Concejo Deliberante (que tiene mayoría radical) y detalló “el 19 de diciembre, en medio de los días festivos, el Concejo Deliberante emitió una ordenanza institucional y engañosa en la cual delega las facultades al intendente para que resuelva a su libre decisión los incrementos y porcentajes, pero en realidad los concejales también deciden los injustificados aumentos. En el caso de los compartidos, los propietarios de los autos tampoco pidieron incrementos y a los usuarios los perjudica económicamente al igual de los taxis que le imponen pagar por cada 100 mt 80 pesos y nocturno mil pesos”.

Cabe mencionar que en 2019, el parlamento municipal, en el marco de la emergencia de transporte delegó las facultades al Ejecutivo para que aplicara los aumentos en la tarifa de colectivos a través de una tabla polinómica, por lo que se establecía 4 incrementos al año sin pasar por el Concejo.

Así, el amparo judicial busca que Raúl ‘Chuli’ Jorge “presente todas las ordenanzas, decretos, información y documentación administrativa, técnica y económica que justifique todos los incrementos que se impusieron durante el 2023. En todos los incrementos que se resolvieron desde hace varios años habría delitos como defraudación, estafa y abuso de autoridad”.