Autos secuestrados entregados a funcionarios y una ñoqui: denunciaron al Fiscal Sergio Lello Sánchez

El titular del Ministerio Publico de la Acusación (MPA) Sergio Lello Sánchez fue otra vez denunciado,  ahora ante la Oficina Anticorrupción por varias irregularidades que deberán ser investigadas por el Fiscal Millón Quintana ya que revisten una seria gravedad institucional.

Entre otras irregularidades aludidas, la denuncia solicita que se investigue la designación en el MPA de la profesional médica Baraybar María Ayelén contratada desde 2016 como agente público de ese organismo pero que reside en Córdoba y cuyo desempeño en nuestra provincia es desconocido. Ante esa situación esperan una respuesta del fiscal para transparentar esos contratos, ya que no hay constancia de la tarea que realiza una profesional que no reside en Jujuy y que aun estaría en proceso de formación.

Baraybar fue contratada en 2016 por Resolución MPA 384/2016 prestando supuestos servicios hasta la actualidad como agente público de la provincia y luego se le renovó contrato en  2017 y 2018 por la Resolución 622/2017 y la 873/2018 que aprueba la rúbrica del “contrato de locación de obra intelectual” por un sueldo de 24 mil pesos. Nuevamente fue contratada en este 2019 por Resolución MPA 1340/2019 con un sueldo de 36 mil pesos.

Pero según expresa la presentación “la denunciada jamás tuvo residencia efectiva en Jujuy” ya que actualmente “continúa cursando sus estudios en la especialidad de Patología en la Provincia de Córdoba. Se le requiere entonces al Fiscal anticorrupción que especifique las “obras” realizadas por Baraybar o brinde informes del cumplimiento de sus tareas con la planilla de datos biométricos.

Se denuncia también el incumplimiento del Fiscal General Lello de la presentación de su declaración jurada en la Oficina Anticorrupción (OA) como es obligación de todos los funcionarios públicos cumpliendo con la Ley de Ética Pública.

Ellos contaban con un plazo determinado para completar la documentación, el que venció el 31 de julio y hay varios funcionarios que aún no presentaron su declaración jurada. Una vez cumplido el plazo la OA debe intimarlos a que lo hagan en 15 días, si aún persiste el incumplimiento se les debe retener el 20 % del sueldo.

Consultado por estos incumplimientos el Fiscal Millón Quintana respondió que las intimaciones están en proceso pero que esa repartición no tiene los recursos para enviarlas a todas en tiempo y forma. Recordemos que el propio Millón Quintana fue cuestionado por no cumplir los requisitos necesarios para su nombramiento

En este caso quien no presentó su Declaración Jurada es nada menos que el Fiscal General del MPA quien es responsable de administrar justicia y en consecuencia es uno de los primeros que debería cumplir con la ley.

Otra seria irregularidad que expresa la denuncia  presentada días atrás, es “el uso, la entrega y manipulación arbitraria de los vehículos secuestrados por el MPA” y que el fiscal del MPA ha dispuesto transferir para el uso de funcionarios del Poder Ejecutivo o del MPA sin autorización judicial y sin permiso del titular registrado. La atribución para disponer de esos bienes, menciona la denuncia, corresponde al Juez de cada causa.

La presentación alude expresamente a la resolución 473/2017 del MPA “Vehículos secuestrados con autorización de uso”, donde el Fiscal General de la Acusación autoriza al Director de Administración de la Gobernación Carlos Rodolfo Grosso “para su uso con obligación de conservación y custodia” de una camioneta Toyota Land Cruiser Prado VX, Dominio GHQ 969, secuestrado en el marco de un proceso judicial. La camioneta cuyo uso se autoriza es de la más alta gama, y su valor de mercado ronda entre los 100 mil y 150 mil dólares, entre 6 y 8 millones 700 mil pesos  Podríamos preguntarnos porque un funcionario precisa de tan lujoso rodado y que prestaciones tan elevadas requerirán las tareas de ese Director para que deba cumplirlas con esa  portentosa camioneta.

Otros beneficiados con la entrega de autos “para su uso con obligación de custodia”, aporta la denuncia, son nada menos que el Fiscal de Estado de la Provincia  Mariano Gabriel  Miranda y la Procuradora General de la Provincia Josefa Herrerra por Resolución MPA 509/2017, a quienes se les entregó una camioneta Toyota Hilux Doble Cabina, dominio HGO 318 , una camioneta Ford Ranger 2 Doble Cabina 4 x4 XLT 3.2 dominio NMC 793.

Pero además, por si acaso el Fiscal de Estado y la Procuradora General se considerasen mal equipados con esas camionetas, por Resolución 670/2017, el MPA les entrega un Toyota Corolla dominio MLH 286, “secuestrado en el marco de un sumario policial”.

También se menciona la Resolución MPA 556/2017 por la que el Fiscal General dispone el uso a favor de ese ministerio público de una camioneta Toyota Hilux, una Ford Eco Sport

La denuncia expone que “este uso y abuso” de esos vehículos acarrea graves riesgos para el estado provincial, por ejemplo en caso de un accidente, pero sobre todo refiere que se trata de “vehículos secuestrados” que aún “no han sido decomisados”, y que sin embargo son “livianamente transferidos” para su uso por funcionarios del poder ejecutivo provincial o de ese MPA, sin mediar una autorización judicial, sin autorización del título registral.

En Jujuy no existe la Ley de Incautación existente a nivel nacional para hacer efectivo el poder del estado sobre bienes de particulares. Existe en cambio una ley modificatoria del Código Penal de la provincia aprobada que no habilita al uso de bienes incautados.

La denuncia lleva la firma del abogado José Elías y cuenta además con el patrocinio de la abogada Claudia González quienes esperan que las resoluciones irregulares del MPA se investiguen. Puntualmente la presentación ante la OA es por trámites irregulares, afectación de recursos del estado.

Además, entre las irregularidades denunciadas resaltan que el fiscal Lello no cumple con la ley de Creación del MPA, ya que no ha creado los organismos de disciplina establecidos por ella, de manera que decide abusando de du autoridad, sin /derecho de defensa de funcionarios judiciales.

En este sentido vale recordar la denuncia presentada en el mes de julio ante el Superior Tribunal de Justicia por dos funcionarios judiciales quienes acusaron a Lello de violencia de género, violencia laboral, ilícitos que están siendo investigados.

Ante esta situación, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara Langhe de Falcone, en receso invernal, notificó a siete de los nueve miembros del alto tribunal sobre las demandas contra el Fiscal. Al respecto el Fiscal del STJ Alejandro Ficoseco ya habría emitido un dictamen de manera que las causas están siendo investigadas.

González resaltó que el Fiscal de la Oficina Anticorrupción Joaquín Millón Quintana deberá evaluar la documentación presentada  junto a la denuncia para abrir una investigación y garantizar el derecho de defensa del denunciado.