Un premio que llega de la mano del gobierno nacional de Javier Milei, a quien fue cómplice de la represión a los pueblos originarios de Jujuy en el marco de la Reforma parcial de la Constitución: Sonia Ochoa ocupará provisoriamente el cargo de directora de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas dentro del INAI -Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-.
La designación de la abogada será por 180 días hábiles, tal como señala la resolución administrativa 739/2024 publicada en el Boletín Oficial de la Nación durante los primeros días de agosto.
El nombramiento de Ochoa responde a sus antecedentes como funcionaria provincial, estuvo a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas y del Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, lugar desde donde, lejos de defender a las comunidades, garantizó la impunidad de funcionarios del gobierno de Gerardo Morales respecto a la violencia institucional ejercida durante los cortes de ruta que realizaron comuneros y comuneras que rechazaron los cambios en la Carta Magna provincial.
“Estamos trabajando en asambleas comunitarias ante representantes comunitarios y de manera participativa junto a los convencionales constituyentes que explican y dan información de la nueva normativa que tenemos los jujeños y las jujeñas, y así tener un intercambio de opiniones para intentar construir, desde ese lugar, una sociedad que sea mucho más igualitaria e intercultural”, manifestaba la funcionaria el 23 de junio, cuando la Convención Constituyente ya había aprobado la Reforma, sin que las comunidades pudieran hacer llegar sus aportes y sin el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada por parte del gobierno de Morales. Además, el 17 se había producido la brutal represión sobre ruta 9 en Purmamarca, donde Misael Lamas perdió uno de sus ojos producto del impacto de una bala de goma en su rostro. Sobre estos hechos, Ochoa nunca se manifestó.
La connivencia de la secretaria de Pueblos Indígenas con el Ejecutivo hizo que desde el Tercer Malón de la Paz exijan su renuncia a ese cargo, junto a la dimisión como ministra. En la misma dirección, apuntaron a que Natalia Sarapura dejara su banca en la Cámara de Diputados y la declaraban como persona no grata. El fundamento para tal pedido se debió “por no representar las demandas y necesidades reales de las comunidades indígenas, siendo funcionales a sus propios intereses políticos partidarios”.
Con ese historial, Sonia Ochoa se posiciona en Jujuy como una sucesora de Natalia Sarapura, quien ascendió políticamente como referente de las comunidades indígenas, aunque ya como funcionaria de Gerardo Morales no hizo más que tejer estrategias de división para lograr el avance de emprendimientos mineros en la provincia.