Avanzada judicial contra manifestantes en Jujuy, el plan para criminalizar la protesta social

“Nuevamente en Jujuy está ocurriendo una avanzada judicial muy grave contra cualquier manifestante y los luchadores y sobre todo tiene una característica particular de persecución política”, comenzó indicando Sebastián Copello, referente del Polo Obrero y uno de los imputados por haber cortado una calle en 2022 para pedir ayuda alimentaria para comedores y merenderos, causa por la que el martes de la próxima semana llega a juicio.

Copello junto a Juan Chorolque y Verónica Urzagasti fueron acusados de entorpecimiento al transporte y servicios, además de desobediencia a la autoridad, por lo que el dirigente del Polo Obrero aclaró “hubo un corte en Avenida Savio, es decir, no fue ni siquiera una ruta, una avenida que tiene colectoras, no hubo ninguna intervención de transporte siquiera y, sin embargo, Sadir y el MPA se apoyan en el artículo 194 creado por el dictador Onganía para tratar de perseguir a cualquier lucha social o sindical que exista”.

Para Copello la persecución se manifiesta en quienes fueron imputados “de una manifestación de 10 mil personas eligen solamente a tres” y convocó a movilizarse el mismo día de la audiencia en los Tribunales de calle Independencia “para repudiar todas las causas y el desprocesamiento de todos los luchadores y la absolución a los que ya estamos en el carácter de judicializados”.

Y si de armado de causas se habla, lo ocurrido durante las protestas en contra de la Reforma Constitucional han marcado un precedente: Santiago Zamora, uno de los 19 procesados remarcó: “una causa totalmente absurda, creemos que ésta justicia, está persiguiendo, no solamente a 19 personas, sino que está persiguiendo un proceso de lucha que se llevó adelante por los derechos”.

Para el dirigente los cambios en la Carta Magna solo sirvieron para avanzar contra los territorios indígenas y tierras campesinas justificando desalojos con causas de usurpación, así como la protesta con ataques a edificios públicos. En el caso de Zamora, acusado de incendiar un auto el 20 de junio, cuando en realidad buscaba todo lo contrario, tal es así, que su propio vehículo fue consumido por las llamas.

En ese sentido, la abogada Mariana Vargas explicó “nuestro objetivo es no llegar al juicio, entendemos que no se tiene que hacer el juicio porque en realidad lo que ocurrió el 20 de junio fue una provocación de Gerardo Morales que montó la quema de autos. El incendio de autos en la entrada de la Legislatura para que se realicen daños y, vaya casualidad, que quienes queman autos, quienes entraron a la Legislatura ni siquiera fueron individualizados”.

Así, la letrada puso en duda la versión oficial “sabemos que son las personas que Morales mandó para, a partir de ahí, justificar una represión que también fue ilegal, por lo tanto, se está persiguiendo a 19 personas supuestamente por resistirse a una represión que fue ilegal. Entendemos que hay muchas nulidades en este proceso que justamente motivan que no se llegue al juicio y que se desactive en realidad la causa”.

Para Vargas, las causas no son más que una respuesta en venganza a la posterior derrota política del ex gobernador: “si bien ganaron la vigencia de la Constitución provincial que lograron jurar a escondidas, lo cierto es que fue una derrota política porque Morales, lejos de salir airoso de eso, salió en un sin fin de derroteros electorales”.

Por su parte, Lorena Mamaní otra de las abogadas que patrocina a los imputados del 20 de junio apuntó al rechazo a la criminalización de la protesta. “Esto es una muestra más de lo que viene planteando el gobierno de la provincia de Jujuy y el Poder Judicial desde diciembre del 2015 con una serie de armados de causa, el rechazo de pruebas (de la defensa) y la detención de muchos compañeros”.

La persecución también incluyó en 2022 una serie de allanamientos en sedes de organizaciones sociales y los domicilios particulares de dirigentes, entre ellos, la vivienda de Gonzalo Maurin de Nuestramérica, quien recordó la infiltración de policías, además del espionaje ilegal “algo que también fue denunciado en el Juzgado Federal, por el Centro de Acceso a la Justicia y también desde ahí un expediente que hoy cuenta con más de 1.700 fojas, donde hay más de 50, 60 dirigentes sociales y sindicales en ese expediente y eso habla un poco de la persecución política que tenemos acá en la provincia de Jujuy”, apuntó.

Plan sistemático contra la protesta social

A pesar que en algunos casos las causas judiciales y contravencionales han caído, dirigentes apuntaron al plan sistemático de judicialización con el intento de disciplinar a quienes se oponen a la política de ajuste del gobierno jujeño. “Hace que peligre algo tan importante como la expresión a la hora de poder reclamar nuestros derechos ante un gobierno que lamentablemente paga sueldos de miseria”, señaló Maurin.

Es la docencia una de las víctimas de esta política de salarios de pobreza que concreta la gestión Sadir, tanto como gobernador, como ministro de Hacienda de Morales, por lo que Mercedes Sosa, secretaria general de CEDEMS, además de manifestar su apoyo a dirigentes que están siendo procesados, también se hizo eco del paro por tiempo indeterminado que inició este lunes el gremio. “Es siniestro, el Estado que debería cuidarnos, el Estado que debería garantizar comida, alimentación, soberanía alimentaria, vivienda, trabajo, educación, salud, en Jujuy observamos que, en este caso la justicia se cierne sobre quienes reclaman, sobre quienes protestamos, solo al solo efecto de perseguir y sabemos que es una causa armada, todos estuvimos presentes allí y vimos que todo lo que está relatado en esa acusación es falso”.

Quien también estuvo presente en la conferencia de prensa fue el diputado nacional Alejandro Vilca, que expresó que las causas “tienen una intencionalidad política” y es hacer pasar el ajuste con represión, por lo que atinó a indicar “la única salida es en la calle”.

Fue Nora Ferreyra, referente de derechos humanos la que comparó el avance de las causas contra dirigentes con lo ocurrido con las víctimas de la represión del 20 de junio y espetó “queremos que se muevan las causas de la violación de los Derechos Humanos. Se transformó la Legislatura en un centro clandestino, se levantaba gente, se detenía gente en autos de las empresas o casualidad, igual que en los años grises de nuestra dictadura, empresarios prestaban sus autos para que se detuvieran a la gente. Algunos eran sin patentes, hay otros que no llegaban y claro, lo llevaron a la Legislatura cuando no tenían por qué llevarlo allí”.

Asimismo, Ferreyra graficó “tiraron a los ojos (por las balas), toda esa violación de Derechos Humanos, todo lo que presentó la Comisión Investigadora que vino a la provincia. En eso no hemos tenido respuesta. Y, o casualidad, sí van corriendo y haciendo el avance de todos los luchadores sociales y gremiales, pero no así la respuesta que nos tienen que dar a la violación de los Derechos Humanos”.

Por último, sostuvo “tenemos pruebas suficientes, que ellos son inocentes. Por eso decimos, han sido armados y lo vamos a respaldar y queremos apoyar a cada uno de estos referentes sociales y gremiales, porque sabemos que se armaron y porque vamos a estar al lado por la violación de los Derechos Humanos que siguen ocurriendo”.