La resistencia al Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) sigue creciendo y se presentó un amparo preventivo en el Tribunal Contencioso Administrativo, un pedido al gobernador Carlos Sadir que vete la ley.
Ayer se reunió el Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública, integrado por sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos y sectores políticos. La semana pasada tras la sanción de la ley, realizaron un documento para juntar firmas y que se presentará hoy a las 11 en Casa de Gobierno, donde solicitan el veto de la ley 6453.
En el encuentro se expidieron contra la desinformación que sostiene el gobierno de la provincia, publicando un “solicitada” en un medio gráfico, donde expresa que el SEPROSA es beneficioso para la ciudadanía cuando es mentira esa ley. El mismo discurso que expresa el ministro de salud Gustavo Bouhid días atrás para defender una ley que solo es recaudatoria, coercitiva, compulsiva, obligatoria.
El Foro reseñó que el seguro de salud "se enmarca en el Plan Estratégico de Salud que el ministro de Salud Gustavo Bouhid comenzó a implementar en la provincia en el año 2017 durante la Gestión de Gerardo Morales". Denunció que ese plan privatizador "implicó en una primera etapa la desestructuración del sistema sanitario público, el desmantelamiento de la atención primaria de la salud, la tercerización de servicios con empresas privadas, la precarización y los bajos salarios de los y las trabajadoras del sector, profundizando la crisis de recursos humanos en esta área, para luego avanzar con el arancelamiento de la salud pública".
El Foro también afirma en el documento que se entregará hoy en la Gobernación que "los principales beneficiados del SEPROSA son los dueños de la salud privada en Jujuy", entre los que nombró al ministro Bouhid, "dueño de la principal empresa de diagnóstico por imágenes de la provincia"; al diputado provincial justicialista Rubén Rivarola, "dueño de las dos clínicas privadas más grandes de Jujuy", y al diputado nacional por La Libertad Avanza Manuel Quintar, "dueño de otra importante clínica privada".
Añadió que este plan se encuadra en las recetas del Banco Mundial, que en el documento Invertir en Salud, de 1993, "desplaza la estrategia de atención primaria de la salud por el sistema de seguro para los 'países en desarrollo'". En este marco, recordó que la primera avanzada fue el decreto 582 de Carlos Menem con el arancelamiento de la salud y la instrumentación de los hospitales de autogestión. Y en 2016 Mauricio Macri aprobó la Cobertura Universal de Salud para todo el país, a través del decreto 908, que comenzó a aplicarse en Mendoza y en Jujuy "introduciendo así el sistema de seguros en salud pública".
“El cuidado de la salud es un deber indelegable de los estados y un derecho humano inalienable” cierra el documento, del Foro.
Los dirigentes que estuvieron en el encuentro realizaron propuestas y aportes desde lo histórico, las experiencias en territorios, el desmantelamiento del servicio de salud pública, la falta de recursos humanos en distintos sectores de la salud, el doble discurso de funcionarios públicos contra el pueblo jujeño.
En cuanto a las presentaciones judiciales contra el seguro de salud, ayer se conoció un amparo preventivo presentado por la senadora nacional Carolina Moisés (Unión por la Patria) y solicitó formalmente al gobernador Sadir que vete la ley 6.453. En el foro se planteó, además, que la ley al no estar vigente, no se puede pedir la inconstitucionalidad, pero si la urgencia de acciones legales por el inicio de la feria judicial. Por ello, las presentaciones se sumarán por estas horas.
Distintos dirigentes de APUAP, ADIUNJU, la coordinadora contra la violencia institucional , Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, APDH Jujuy, Auka colectivo de trabajo social de Jujuy, Patria Grande-Argentina Humana, Frente de salud La Cámpora, CCC, Haciendo historia, Frente de Izquierda, Agrupación 25 de mayo, Movimiento Justicialista. Varios dirigentes realizaron aportes, propuestas para realizar acciones para que la ley 6453 sea vetada. El próximo 10 de enero, volverán a reunirse para evaluar las diferentes acciones administrativas, políticas, judiciales que realizarán en la provincia en defensa de la salud pública.