Baca presentó su descargo y señaló que las acusaciones son producto de un plan criminal

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Pablo Baca, presentó un descargo de defensa ante la Comisión Investigadora, donde pidió la anulación del juicio político por tratarse de un plan criminal organizado en su contra.

Dentro del documento presentado por Baca, quien se encuentra de licencia, se plantea distintos puntos por los cuales se pide la nulidad de juicio político iniciado contra él. Entre ellos, destaca que el proceso está “cargado de vicios que afectan su legitimidad y constitucionalidad”.

Además, aclara que hay un “desajuste a las previsiones constitucionales y reglamentarias respecto al modo, tiempo y forma en la que se deben integrar y constituir las Sala Acusadora y Juzgadora, y por consecuencia la propia Comisión Investigadora, situación que afecta al debido proceso legal y altera el principio del Juez Natural”.

Según detalla el descargo, la Comisión Investigadora se encuentra “actuando al margen de las disposiciones constitucionales, convencionales y reglamentarias”, por lo cual, “los actos realizados están viciados de nulidad absoluta e insanable”.

Otro de los puntos fue la recusación de los diputados que integran la Sala Acusadora, Investigadora y Juzgadora. Según Baca, existe por parte de los legisladores, todos ellos del PJ, por la “imparcialidad” manifiesta. Dicha recusación se debe a la presentación de una denuncia penal contra él por incumplimiento de sus deberes de funcionario.

Sin embargo, el principal argumento se corresponde con la autenticidad de la prueba sobre la que se basa este pedido de juicio político: los polémicos audios, donde el propio titular del STJ admite que Milagro Sala continúa presa por su capacidad de movilización y no por los delitos cometidos.

Dentro del documento, Baca manifiesta que “los elementos ofrecidos como prueba, y que mi parte desconoce, rechaza y repudia, que son producto de hechos delictivos, no se refieren tampoco a ningún hecho acreditado y acreditable”. A partir de ello, es que la denuncia, según Baca, es “inadmisible por su vaguedad sobre los hechos”.

Asimismo, aclara que esos audios nunca los reconoció y además señaló que “en todo momento han indicado su alteración y edición, lo cual salta a la vista con evidencia desde el momento en que los supuestos audios han sido fraccionados, cortados en fragmentos o porciones, adicionados en otros lugares”.

Sobre la edición de los audios, el descargo sostiene que “hay palabras inconclusas, frases que arrancan o concluyen de manera abrupta, cambios de sonido de fondo, momentos en que se corta el audio e inexplicablemente cambia de tema, todo ello con el propósito de descontextualizar, o más bien, de contextualizarlo de manera arbitraria, dotando de significado diverso”.

De la misma manera, informó que estos audios fueron producto de una conversación con Ana Juárez Orieta, quien fuera directora de la Dipec.

El documento explica que se trató de una charla que mantuvieron ambos en 2016, pero que intentar ubicarla en 2019. Por ello, es que Baca considera que este pedido de juicio político se trata de “plan y propósito criminal, sistemático organizado”.

Por último, Baca señala que será la Comisión Investigadora la que deberá determinar “la admisibilidad de la única prueba probatoria”, que son los audios. Para ello, también adjuntó un análisis de los mismos, según el cual, se podría determinar la edición intencional en sus expresiones.