Balance negativo: trabajadores le bajaron el pulgar a los 8 años de gestión de Morales

“Contrario al discurso oficial que cabalga en el relato de que hubo un profundo cambio en la matriz productiva que conllevó a un progreso que mejoró la vida de todos los jujeños consideramos que en realidad hubo un retroceso en temas salariales, laborales y los relativos a la seguridad social”, así comenzó señalando la Intergremial el balance de gestión de los 8 años de gobierno de Gerardo Morales a la cual le bajaron el pulgar.

El análisis de la confluencia de sindicatos giró en torno a tres ejes principales: salario, trabajo y seguridad social, temas que, no sólo no obtuvieron respuestas acordes a las necesidades de trabajadores, sino que además empeoraron.

En lo que refiere a la cuestión salarial, la Integremial expuso que el Ejecutivo eliminó la paritaria e implantó una imposición salarial, la cual propició una “destrucción del salario real de los trabajadores públicos equivalente a una pérdida del 120% en el poder adquisitivo durante los últimos 7 años”.

En ese sentido, apuntaron que la política se basó en disminuir el sueldo en blanco y promover sumas en negro que contribuyeron al “congelamiento de aportes jubilatorios y de la Obra Social (maniobra denunciaba por Sebastián López del SEOM y que afectó al normal funcionamiento del ISJ, por lo que la semana pasada la Legislatura aprobó aplicar un coseguro) y reclamaron la debida prestación de la misma. Algo similar ocurre con el seguro de vida obligatorio y seguro de sepelio.

Como contrapropuesta (esperan tener una audiencia con Carlos Sadir, recién asumido en el cargo de gobernador), la Intergremial apuntó a la suscripción de Convenios Colectivos de Trabajo y Paritarias Libres y así discutir cuestiones salariales, pero también condiciones laborales. Además, ratificaron su pedido de salarios igual al costo de la canasta básica total e incrementos iguales a la inflación.

Por otra parte, cuestionaron el rol del Ejecutivo en las conciliaciones obligatorias y pidieron que cumpla su rol de “árbitro objetivo e imparcial y tener resolución y disposición para obligar a los empleadores a contemplar las demandas de los trabajadores”.

Al empeoramiento de las condiciones salariales y laborales se suma la criminalización de la protesta con la nueva Constitución reformada, la cual subrayaron que fue “inconsulta, tratada de manera exprés, afectando derechos y garantías de todo tipo que violan la Constitución Nacional”.

En esta dirección, indicaron que el gobierno de Morales se valió del “Judicial como mecanismo de intimidación y disciplinamiento a través del armado de causas sin pruebas y sin respetar los debidos procesos. Código Contravencional con rango constitucional que sanciona con multas millonarias y vulnera el derecho a manifestarse y a peticionar. Las soluciones a los conflictos laborales nunca deben ser represivas ni judiciales, se necesitan soluciones políticas dado que los problemas relacionados con la falta de respuesta a los intereses sectoriales de los trabajadores, son las malas o insuficientes políticas gubernamentales”.

Así, pidieron que queden sin efecto todos los mecanismos de poder “autoritario y antidemocrático” y la abolición del Código Contravencional “en lo respectivo a la judicialización de la protesta social, dado que debería regular la convivencia entre vecinos y es empleado para disciplinar y condicionar severamente el derecho a peticionar y manifestarse”, recordando el pedido de inconstitucionalidad que pesa sobre el mismo.

Otro punto de crítica fue la inexistencia de un plan de acceso a tierras y viviendas para la población en general y apuntando que sólo se premió a “sindicatos aduladores y condescendientes con las políticas antipopulares y antisindicales del oficialismo”. En este sentido, plantearon la necesidad de una política “sin discriminaciones políticas” para el acceso a lotes y planes de construcción de viviendas”.

Sin embargo, las políticas de ajuste no sólo van en detrimento de trabajadores, sino también de la ciudadanía ante la falta de inversión en insumos e infraestructura en salud, educación y municipios y que garantizan la higiene y seguridad laboral. Frente a ello propusieron un relevamiento sobre “las condiciones de Higiene y Seguridad que sirva para elaborar un plan de inversión que solucione progresivamente las fallas y deficiencias halladas”.

Por último, la Intergremial señaló sobre la falta de capacitación en oficios, en administración y otros temas que mejorarían “la prestación de bienes y servicios desde el Estado frente a la ciudadanía”. Las pocas capacitaciones a trabajadores son tercerizadas en el sector privado y que favorecieron a empresas con vinculaciones con funcionarios de gobierno.

La desaprobación de los 8 años de gobierno de Morales imprime un nuevo desafío para los gremios, que esperan que Sadir (quien manejó la caja de la provincia los 2 mandatos del dirigente radical) imprima un sello personal a la nueva gestión.