Esta mañana el diputado -mandato cumplido- del FUyO Juan Manuel Esquivel presentó ante la justicia local un hábeas corpus ante el conocimiento que tuvo respecto a tareas de inteligencia en su contra por parte de efectivos de la Policía de Jujuy, hecho que tuvo inmediata respuesta de organizaciones sindicales que apuntaron a la persecución que se vive en la provincia desde la llegada de Gerardo Morales a la gobernación.
La denuncia que hizo Esquivel expresa que efectivos intentan recolectar testimonios que lo sindiquen como responsable de expedir certificados falsos durante su gestión como director del Instituto Superior que manejaba la Tupac Amaru.
Tras darse a conocer la noticia, la CTA de los Trabajadores de Jujuy manifestó su repudio absoluto a estas acciones y consideró que estas tareas de inteligencia ilegal con la recolección de datos por fuera de una investigación formal” tienen el “claro objetivo de armar una causa penal, en el marco de la cacería que inició el gobernador Gerardo Morales desde que asumió, en contra de los integrantes de las organizaciones barriales en general y de la Tupac Amaru en particular”.
Asimismo, en el comunicado subraya el sindicato que “el pedido de un Habeas Corpus, por parte de Esquivel pone en evidencia el manejo del Ministerio Público de la Acusación y la policía, como herramientas de persecución y castigo a quienes se opongan a las políticas del gobierno de Morales desde su asunción hace casi 6 años”.
“Este gobierno provincial, viene con antecedentes de violación de derechos humanos, con marcada violencia institucional, con abusos de autoridad, con persecución y castigo a quienes protestan y reclaman derechos de las personas. Por eso hoy en Jujuy, hay presos y presas políticos/as, compañeros con causas judiciales y procesados penalmente, con causas contravencionales, con multas enormes por movilizar o pronunciarse en contra del gobierno, etc”, sentenciaron desde la CTA de los Trabajadores.
Por último, recalcaron que “ante este nuevo acto de persecución, lo hacemos responsable al gobierno de Morales y sus instituciones. Y exigimos el cese de tales acciones y el desmantelamiento del aparato policial-contravencional-judicial que viene actuando contra el Pueblo de la provincia y los dirigentes que lo representan en sus necesidades y sus esperanzas de una vida digna”, en paralelo al pedido de que se concluyan con la persecución a Esquivel, a dirigentes políticos, sociales y sindicales de la provincia.