Bipartidismo jujeño: premió a Lello Sánchez con más facultades en el MPA y le archivaron un juicio político

En la última sesión ordinaria de la Legislatura provincial, los oficialistas y el justicialismo decidieron archivar el juicio político al Fiscal general del MPA Sergio Lello Sánchez que tomó estado parlamentario. El pedido fue promovido por el Juez de Control Dr. Jorge Zurueta hace unas semanas ya que también realizó una denuncia penal al multi denunciado fiscal acusado por encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

En la misma sesión, antes del ingreso del juicio político, resultó que los legisladores dieron acuerdos a varios cargos a funcionarios entre ese abanico, fue premiado Sergio Lello Sánchez como Procurador General del Ministerio Público de la Acusación.  Y fue el argumento para que el diputado Ramiro Tizón, presidente de la comisión de Asuntos Institucionales expusiera en el recinto que “debo manifestar que haciendo estudio del juicio político en contra del Fiscal General del MPA, corresponde que este pedido sea remitido al archivo por cuanto el cargo de Fiscal General del MPA no existe porque esa figura fue derogada por la ley del MPA recientemente promulgada, por ello, pido al cuerpo que se archive” manifestó. En ese sentido, pidió la palabra el diputado Rubén Rivarola presidente del bloque del PJ dijo “el bloque justicialista va a acompañar la propuesta del diputado Tizón”. Así que la moción fue aprobada por los dos tercios y paso a archivo.

Vale recordar que nada es casual en Jujuy, en la penúltima sesión se creó la ley de creación del Ministerio Público de la Acusación que deroga la figura de Fiscal General y establece la figura de Procurador General que requiere acuerdo nuevo. Los legisladores entienden que, al desaparecer el cargo de fiscal, no se sostiene el juicio político que tiene por objeto separar del cargo aquel que sea denunciado. Ante esa situación dicen al no existir el cargo no se lo puede sacar del cargo.

El rol del Procurador general del MPA no solo tendrá funciones penales, sino funciones más amplias, tiene injerencia dictaminando ante la Suprema Corte en el marco de la nueva Constitución. La diferencia con el rol de fiscal General era de investigación y dentro del proceso penal. Es decir, tiene mayores facultades el Procurador a pesar de las denuncias penales en su contra, la persecución a jueces, fiscales, a opositores al gobierno de Gerardo Morales.

También dieron acuerdo al Procurador General Adjunto del MPA, Ignacio Pasquini.

Se sumó que apenas inició la sesión, se trató la renuncia a la banca de Gabriela Burgos que finalizaba mandato el 2025 y asumió en su banca Hilda del Pilar Prolongo. En tanto que a Burgos le dieron acuerdo al cargo de Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, el cargo que supo tener en 8 años la Dra. Ivone Haquim. Viendo ese cambio, se puede ver el alejamiento del sector de Primero Jujuy que lidera el vice gobernador Carlos Haquim que ya no pertenece al oficialismo.

En tanto que el cargo de Defensor General del MPD fue para Guido Luna (h) hijo del diputado Guido Luna. Es decir que el MPD tiene a sus funcionarios radicales.

Los acuerdos son en el marco de la Reforma o Nueva Constitución de la provincia que tiene un planteo de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio de Justicia de la Nación y la Corte Suprema de Justicia le dio un plazo de 60 días al gobierno de Gerardo Morales para presentar pruebas esto vencería en enero-febrero. Por esta denuncia que está siendo investigada, opiniones de magistrados sugerían que se resuelva hasta tanto no se avance con la implementación de la nueva carta de los jujeños por las irregularidades que se han observado. A pesar de ello, Morales avanza. 

Bomberos, explosivos

Mientras sucedían estás situaciones extrañas que desgastan a las instituciones, en la Legislatura provincial se había alertado una amenaza de bomba. Pero no causó preocupación en las autoridades de la Cámara.

Cerca las 16:40 se dio aviso, trabajaron en la casa de Piedra el cuerpo de bomberos de la provincia, la división de Explosivos se los veía en el hall, camionetas de la Policía y Bomberos en el patio de la Legislatura. A pesar de esa situación, en ningún momento se activó el protocolo de seguridad, desalojando el edificio. Las fuerzas de seguridad estuvieron un largo rato en el exterior e interior de la Legislatura, situación extraña.

Si fue una especie de simulacro fracaso porque los legisladores continuaban con escuetas entrevistas a los funcionarios que le dieron acuerdo en varios cargos en el Ejecutivo como en el poder judicial.

Esta fue la última sesión para los legisladores que finalizan mandato y estuvieron ausentes los que integran el Bloque Primero Jujuy (Toro, Azmuzi, Cazón), de Juntos por Jujuy (Cardozo Traillou, Snopek, Ferreyra), también Emanuel Martín Palmieri.

Acuerdos políticos por cargos

Los legisladores apenas llegaron a siete sesiones ordinarias en este 2023, aprobaron los acuerdos políticos en la flamante Auditoria General de la provincia por ley 6364 como presidente a Walter Barrionuevo. El ex gobernador, vicegobernador, diputado, senador, vocal de la SUSEPU, apoderado del Partido Justicialista, asesor de Rivarola representa a la minoría en el órgano que auditará los fondos públicos.

Asimismo, se dieron acuerdo a los seis auditores generales: Nora Millone Juncos, Carlos Alfonso, René Barrionuevo Lacour, Mariana Bernal, Juan Burgos y Felipe Albornoz.  Los primeros cinco eran vocales del Ex Tribunal de Cuentas de extensa trayectoria y pasaron varias gestiones de gobierno. La expresidenta Millone Juncos fue perseguida judicialmente por el gobierno que se va, en tanto que Albornoz dejó la presidencia de JEMSE.

También se dieron acuerdo a los Gerentes de la Auditoria general de la Provincia: Flavia Ubeid, Luis Sadir (hermano del gobernador electo), María Guadalupe Vázquez, Jorge Vera.

Otro acuerdo fue para el titular de la Defensoría del Pueblo para Pablo La Villa, estuvo como vocal de ese organismo, fue ministro de Gobierno de Walter Barrionuevo y renunció tras la represión en El Triángulo en Ledesma donde murieron: Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan José Velásquez, quienes participaban de la ocupación de tierras y el policía Alejandro Farfán. La Villa también responde políticamente a Rivarola. Vale recordar que en la Defensoría del Pueblo estuvo 8 años Javier De Bedia, hombre del riñón de Carlos Haquim.

Otro acuerdo para la primera minoría de la cámara fue para el cargo como vocal de la SUSEPu para Facundo López, en reemplazo de Walter Barrionuevo. López fue funcionario del IVUJ en la gestión de Fellner.

El nuevo mapa de funcionarios donde dejan ver más en claro la sociedad Rivarola- Morales que finaliza ocho años de gestión con un gran blindaje de impunidad.