Empresarios que se niegan a cumplir con un acuerdo salarial y que mantiene a choferes de colectivos de la capital bajo la línea de pobreza, mientras que el municipio concede aumentos de boletos casi todos los meses y que se podría volver a repetirse en breve, por lo que viajar en colectivo pasaría a costar casi mil pesos.
En medio del paro de la UTA regional Jujuy, el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García señalaba que no iban a acceder al pedido de las concesionarias de aplicar una nueva suba en la tarifa del transporte. Así, empresarios, siguen sin cumplir con la liquidación correspondiente de salarios acordados en paritarias, como forma de presionar al gobierno para que desembolse más fondos en concepto de subsidios, calculado en 200 millones de pesos y mantener sus márgenes de ganancias.
Si provincia no desembolsa el dinero, serán usuarios quienes terminen por financiar los deseos de los empresarios.
En ese camino se encuentra el intendente capitalino, que aún siendo del mismo signo político que Sadir, ya anticipa que el costo del paro lo terminará por pagar la población. “La UCR de Chuli Jorge anticipa otro tarifazo. Contrataron un estudio de costos para fijar el boleto a $997,41”, detalló el diputado de la izquierda Gastón Remy, quien acompañó como prueba, parte del informe que recibió el jefe comunal.
La suba ascendería al 20,81%, por lo que la tarifa de 825,58 pesos debe sumarse unos 171,83 más, llegando el boleto en el trayecto más corto dentro del ejido municipal casi a los mil pesos.
Frente a este inminente ajuste tarifario, el economista cuestionó sobre las ganancias de los empresarios 648.349.520 de pesos por mes. Y sumando los Subsidios la Ganancia sería de $882.353.104”.
Y apuntó “basta de extorsión y tarifazos, ¡Paguen los salarios!”.
Remy fue uno de los dirigentes de la izquierda que desde hace tiempo viene pidiendo que las empresas concesionarias de las líneas den a conocer los balances económicos, con los cuales realmente se sabrá el costo real de mantener el servicio, solicitud que es denegada por el municipio.