Luego del escándalo generado por el caso de acoso sexual y laboral que lo involucra y otras denuncias por agresiones, robo y violencia laboral en la cartera a su cargo, el Ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz anunció que tomaría una licencia extraordinaria “para esclarecer las acusaciones en su contra que son de público conocimiento”.
Así lo anunció el gobierno de la provincia en un comunicado difundido el pasado jueves 2 de enero donde informó que Cabana Fusz cesaba en sus funciones para iniciar el trámite de “vindicación judicial”. Esto es, presentarse ante la justicia como le corresponde a cualquier funcionario acusado de graves delitos, en este caso contra la integridad de sus empleadas y empleados. Faltas aún más graves viniendo del titular de una cartera responsable de combatir la informalidad y la violencia laboral.
Recordemos que de acuerdo a la denuncia presentada, el ministro ante el reclamo salarial de una mujer trabajadora -a quien había invitado a salir en reiteradas oportunidades- contestó, “vos tenés que mamarla antes de pedir algo”.
¿Que sucedió en el cuestionado ministerio luego de la publicitada solicitud de licencia? Nada. Jorge Cabana Fusz se presentó el viernes 3 de enero a trabajar y a dar órdenes en esa cartera ministerial. Los trabajadores de esa repartición trataban aún de sanear el atemorizante clima laboral en que se vienen desempeñando hasta que lo vieron ingresar como si nada hubiera pasado.
Es más, Cabana Fusz expresó que “seguirá conduciendo el ministerio y que en un mes volverá a ocupar su cargo, porque no ha pasado nada”, ante los atónitos presentes.
Luego, como es usual, mantuvo entredichos con los trabajadores por el reclamo del pago de aumentos, a quienes les brindó alguna certeza de cuando se concretarían.
La metodología de este caso no es nueva en la gestión Morales al frente del Gobierno de Jujuy. Cuando un caso llega a la opinión pública –aunque era conocido desde antes- y si ésta genera alguna presión, se quita de la escena a los funcionarios acusados, para luego ocultar y en el fondo, legitimar las amenazas, la violencia institucional y delitos aún peores cometidos por éstos. En la justicia, esos casos nunca llegan a ser condenados, porque está bajo el comando de Gerardo Morales.
En abril de 2017, Raúl García Goyena, dejó la Secretaria de Comunicación cuando se conocieron grabaciones donde el funcionario expresaba que no le daba pauta oficial a un medio que él consideraba opositor. “Estoy haciendo que se arrodillen“, alardeó. Cuando se divulgó esa grabación, Morales le pidió la renuncia, Garcia Goyena, pasó a descansar un par de meses y regresó luego a ocupar un alto cargo en el Ejecutivo. No hubo un delito, pero si graves amenazas a la prensa y la libertad de expresión.
Sin ir más lejos, en agosto de 2019 el ex Secretario de Relaciones con la Comunidad Néstor Navarro, quién además es primo de Morales, renunció "para ponerse a derecho" acusado por abuso sexual contra una menor. Pero las sanciones y condenas aún brillan por su ausencia.
El muy cuestionado Fiscal General del Ministerio Público de Acusación Sergio Lello Sanchez está denunciado por violencia laboral , tener una ñoqui en el organismo, entregar autos de primera gama secuestrados para el uso de otros funcionarios, ¿Qué sanción tuvo? Ninguna. Hay una causa en el Superior Tribunal de Justicia cuyos avances son nulos. Sabedor de la impunidad con que cuenta el funcionario no titubeó en violentar la oficina de la Fiscal Montiel –madre de uno de sus acusadores- por medio de un cerrajero y desalojarla extrayendo expedientes que la letrada tenía a su cargo.
La retirada de Cabana Fusz es en realidad todo un circo, porque una vez más la justica real parece estar ausente en Jujuy. Los funcionarios provinciales saben que están amparados por una justicia partidaria y dependiente del poder ejecutivo. Todo está estructurado para que nadie sea condenado por los delitos que han cometido. Así se ha deteriorado el clima laboral en todo el estado provincial, atravesado por casos de violencia institucional y todo tipo de agresiones contra las trabajadoras y trabajadores, llegando al acoso sexual en el caso de las primeras.
Pero esa violencia subterránea tiene como contrapartida una fachada simbólica de supuesta incorporación de derechos con la creación de fiscalías y organismos especializados que impostan una función que con cumplen. Eso si, permiten ampliar la estructura de funcionarios, dinero y favores políticos.
El viernes por la mañana se presentó intempestivamente un “Protocolo de actuación ante caso de violencia en la Administración Pública”, justo tras la licencia del ministro Cabana Fusz. El anuncio estuvo a cargo de Alejandra Martínez, ex diputada radical y flamante titular del “Consejo de la Mujer e Igualdad de Género” quien destacó a ese protocolo como la gran herramienta a implementarse en el estado provincial para garantizar el cese de la violencia contra la mujer en las reparticiones públicas
A decir verdad, el protocolo no está disponible en ningún sitio web del gobierno, y menos impreso. Es decir, se trata de una expresión de deseo, que busca bajar los decibeles en la comunidad ante la denuncia de un hecho gravísimo como es la violencia sexual y violencia laboral en un ministerio que debía combatir esos flagelos.
La funcionaria en conferencia de prensa manifestó que estaba a disposición de la víctima y que se reuniría con ella. Pero la propia denunciante informó que no hubo comunicación en todo el día, ni un mensaje de contención.
En cambio la mujer si fue convocada por organizaciones feministas, gremiales, y legisladoras que han mostrado sororidad con el hecho y expresando el acompañamiento en el proceso judicial.
“Hablan de contención y no están ni cerca de hacerlo. Circo en los medios nada más, no dicen de qué modo me van a ayudar ni nada, le preguntaron a Martínez en la conferencia de prensa sobre cuáles eran las medidas que iban a tomar y no pudo decir ni una concreta” expresó la trabajadora que denunció a Cabana Fusz por acoso sexual.
La impostura y doble discurso del gobierno provincial sobre el tema violencia de género revela una hipocresía y cinismo que rayan lo grotesco. Cuando se anunció el lanzamiento del “Protocolo de actuación en casos de violencia en la Administración Pública” el Consejo de la Mujer firmó un convenio para su aplicación con nada menos que: el Fiscal General Sergio Lello Sánchez. O sea un fiscal denunciado por violencia laboral y de género será uno de los responsables de su implementación. Realmente el gobierno les toma el pelo –y la expresión es gráfica de la violenta actitud gubernamental- a las jujeñas y jujeños.
En la conferencia de prensa sonde se presentó el Protocolo estuvo sentado el Fiscal de Estado Mariano Miranda y la Secretaria de Paridad de Género Soledad Sapag que conoce muy bien el caso de abuso sexual que involucra a Cabana Fusz y que tampoco supo responder en todos estos meses, y otros funcionarios de menor rango que tampoco realizaron ninguna acción.
“Se presenta un proyecto de protocolo para ser aprobado y el problema que se está planteando sigue sin resolverse. Se busca desviar la mirada para tapar el sol con un dedo”, expreso dolida por la ausencia constante del estado la denunciante.
La denuncia penal contra Cabana Fusz en la Fiscalía de Violencia de Género está presentada y debe ser investigada. Se pudo saber que funcionarios del ejecutivo expresaron que “la denuncia es anónima, y nada pasará con un Ministro tan leal a Morales”. La víctima fue llamada a declarar la semana próxima por la fiscalía que sigue la denuncia, esto ya es un comienzo.
El caso de violencia esta nacionalizado y debería haber una condena por parte de la justicia. Sería esperable una verdadera respuesta por parte del Gobernador Gerardo Morales, en relación a sus Ministros y Fiscales violentos. En la Legislatura provincial el 10 de diciembre cuando asumió su segundo mandato, Morales dijo que compartía la agenda del Presidente Alberto Fernández y profirió que no habría “Ni una menos” con políticas públicas activas concretas.
“Hechos no palabras” esperan jujeñas y jujeños. Porque sus acciones y decisiones vienen exponiendo un claro aval a la violencia de género y laboral que ejercen sus funcionarios.
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