Casi 200 millones de pesos, la suma que no puede justificar el ex secretario general del CEDEMS, Jorge Montero

La novela del CEDEMS suma un nuevo capítulo con la denuncia penal que presentó la nueva comisión directiva contra el ex secretario general, Jorge Montero, quien no puede justificar el destino de casi 200 millones de pesos.

La presentación fue realizada el día sábado por parte de la flamante secretaria gremial, Mercedes Sosa y el pro-secretario de Finanzas, Ignacio Santos en contra del sindicalista, además de otras personas.

Según comunicó la comisión directiva mediante un boletín, desde que asumió la gestión como secretario gremial, Jorge Montero nunca realizó la rendición de cuentas correspondiente y con ello, se desconoce el destino del dinero que se descuenta mensualmente a docentes en calidad de cuota de afiliación.

“El monto estimativo que recauda el gremio de CEDEMS, es de aproximadamente mil pesos por cada docente, unos más, otros menos. El total de docentes afiliados en condiciones de emitir el voto en las elecciones efectuadas el 10 de agosto, nos informó la Junta Electoral que son 3.709 afiliados, lo cual implica una recaudación mensual de $3.700.000 aproximadamente”.

Y detalla “si eso lo multiplicamos por la cantidad de meses que lleva en la gestión Montero, sin rendir cuentas, la cifra llega a 192 millones de pesos”.

Pero, los cuestionamientos no sólo refirieron al ex secretario gremial, sino que también fueron para el gobierno de Morales, que sostiene la figura de Montero al llamarlo a sentarse en la mesa paritaria.

En ese sentido, la flamante comisión directiva señaló “quienes somos afiliados al CEDEMS, realizamos aportes monetarios, que son retenidos obligatoriamente por el gobierno provincial de Gerardo Morales y la ministra de Educación Bovi (antes Calsina), quienes suponemos retienen y entregan a la gestión de Montero los recursos de forma directa dado que nuestras boletas de sueldo consta la cotización de descuento”.

“Su participación es esencial para esto, por eso el reconocimiento a una gestión que usurpa una institución y que se sustenta solo en el apoyo del poder político, sin voto de los afiliados, debe rendir cuentas, de la misma manera, quienes le dan la sensación de legitimidad en sus conductas contrarias al espíritu sindical y atentatorias de los derechos que debería defender”.

Además de la denuncia, las autoridades exigen una auditoria para conocer el destino de los fondos que, en definitiva, es de los/as docentes, a quienes se les niega “las prestaciones institucionales, previsionales, administrativas y sindicales que nos asisten”.