Caso de trata, la Fundación Alameda considera que así debe catalogarse la investigación de abuso a menores

Una investigación que comenzó en diciembre de 2023 como grooming por la denuncia de una madre, pero el hecho ya había sido señalado un año antes: Fundación Alameda había dado cuenta de los casos de abuso sexual en varios residenciales circundantes a la vieja terminal, pero que la justicia provincial omitió. Ante ello y la gravedad del delito, desde la organización consideran necesario que pase al fuero Federal, algo que el fiscal Rodrigo Fernándes Ríos rechaza, y es quien lleva adelante la investigación en la justicia ordinaria. 

En el 2022 se denunció ante la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) a instancias de la entonces delegada Burgos, del Comité Ejecutivo para la Lucha contra  la Trata y Explotación de Personas, estructura que hoy fue eliminada por la gestión nacional.

“Pusimos a disposición de la justicia para dar toda la información que conocemos, que tenemos también en nuestros archivos”, comenzó señalando Gabriela Burgos, integrante de la ONG que se dedica a erradicar la trata de personas, sea esta con fines sexuales o no. Así, respecto a la investigación en curso sobre los casos de abuso sexual con menores en el residencial Ranys, la monja consideró “es muy compleja cuando se empieza a delimitar la tipificación del delito”.

Sobre este punto, Burgos apuntó que la causa debería ser caratulada como trata de personas, algo que la justicia jujeña no tiene contemplado. “No es porque nosotros queremos, sino que está escrito en un manual y también en los conceptos que califican a la trata de persona. Y todo el grooming, no es que deje de ser grooming, sino empieza a tener un agravante cuando se empieza a comercializar las imágenes”, aclaró.

Asimismo, la prelada señaló “no sé cómo lo estará manejando Delitos Complejos junto con el MPA. No tenemos nosotros acceso a esos dispositivos, pero sí podemos, sí vemos que la causa no avanza y también viendo las consecuencias que hay personas que podrían haber sido testigos clave, están empezando a aparecer muertos, ya hay indicadores de que no es solamente grooming”, en referencia al cuerpo hallado durante el fin de semana de un trabajador del residencial en cuestión.

Y agregó “el hecho de que no se estén haciendo allanamientos en otras zonas de la misma vieja terminal también deja cuestionamiento como decir, a ver, ¿qué está pasando realmente en este espacio?”.

Los cuestionamientos sobre como sigue la investigación no terminaron allí, para Burgos “cuando el delito es grooming es fácil de imputar a la persona, pero las sentencias son muy leves, son de seis meses a cuatro años, entonces la justicia tiene que buscar un agravante porque todo dispositivo con el IP se sabe si esas imágenes fueron comercializadas o no. Y en el momento que son comercializadas ya pasa a ser un caso de trata de personas agravado con el hecho de que eran menores de edad”, hipótesis que apuntan desde la Fundación.

En ese sentido, la monja contrapuso lo expuesto por la comisaria Gabriela Cuellar, quien en un programa televisivo dijo que no había gente de otra provincia, para justificar que la investigación siga en manos de la justicia provincial: “la trata de personas no se tipifica por el hecho de que existan personas de otras provincias, pueden ser de la misma provincia y pueden estar siendo explotadas en sus diferentes modalidades. Claro. Eso no es un indicador para decir no hay trata de personas”, aunque refirió “cuando hay casos de grooming, el indicador más agravante es que se haya comercializado esas imágenes. Y si se rescataron tantos dispositivos, probablemente ellos tendrán las razones para decir no es trata de personas”.

Sin embargo, sostuvo “para nosotros, cuando hicimos la denuncia (en 2020), sí era trata de personas, agravado por el hecho de que eran menores de edad, son diferentes miradas que tiene la justicia provincial y nosotros, que no tenemos hoy ningún cargo, nos vamos a mantener en el margen y acompañando la investigación en todo lo que ellos nos soliciten”.

Para Burgos, la prevención es fundamental, siendo que año a año la producción de material de abuso sexual infantil va en aumento, por lo que consideró necesario buscar nuevas formas para erradicar la problemática, que no basta con charlas.

En ese sentido, la monja indicó que se reunió con legisladores provinciales para que se discuta en la Legislatura un proyecto para que menores de 18 años no tengan acceso a redes sociales, tomando como ejemplo el caso de Australia. “Las redes sociales tienen otra amplitud que nosotros no estamos percibiendo. Entonces crear una ley que impida a los menores de edad a ingresar a determinadas redes sociales podría ser una forma de prevenir y de disminuir lo que es el abuso sexual infantil”, consideró.

“No es prostitución, un menor de edad no tiene la capacidad de prostituirse como un adulto, porque no tiene todavía desarrollado lo sexual, es abuso sexual infantil”, subrayó.

En el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños y Adolescentes, Burgos expuso que lo que pasa en los locales de hospedaje de la zona de la vieja terminal datan de hace tiempo: “no es la primera vez, hay otras residencias también denunciadas”, por lo que exigió mayores controles de seguridad, “vos andás a la terminal después de la media noche y fíjate la vida que tiene el delito organizado”.

Sobre este punto, la referente de la Alameda expuso “todas las redes organizadas, todo el crimen organizado siempre tiene alguien del poder. Y no te estoy hablando de un cargo. O sea, alguien de mucho poder adquisitivo y poder político que sostiene estas redes, si no, no sobreviviría. Por eso, es sumamente importante cuando hay casos de menores de edad en donde lo que uno dice es una línea muy débil, una línea casi invisible para decir, es trata es preferible dárselo a la Justicia Federal porque tiene mayor neutralidad. Tiene mayores dispositivos”.

Y sumó “si no se lo pasan a la Justicia Federal, siempre va a haber un grado de corrupción, porque todos nos conocemos en Jujuy”, además de apuntar que los límites de la investigación también son otros “tienen un límite de investigación que no supera los seis meses”.