Causa presos por tuitear: 23 funcionarios penitenciarios imputados por vejaciones, apremios ilegales y severidades

Son 23 los agentes penitenciarios imputados por los delitos de vejaciones, severidades y apremios ilegales contra Nahuel Morandini y Roque Villegas, presos por tuitear que pasaron 53 días ilegalmente en prisión preventiva en el Penal de Gorriti donde denunciaron los graves hechos en la justicia jujeña.

La causa, que es un escándalo jurídico, ahora suma la imputación de 23 penitenciarios, entre ellos, el jefe del Servicio Penitenciario Julio Vaca que desmintió a los tuiteros. Los imputados están acusados del delito previsto en el artículo 144 bis (vejaciones y severidades), que prevé una pena de uno a cinco años de prisión. La investigación preparatoria imputa a los funcionarios del penitenciario y da cuenta de filmaciones que prueban las condiciones inhumanas a las que han sometido a los detenidos. Y que “es una práctica institucional habitual en el penal “da cuenta la investigación, afirmando la violencia institucional.

Morandini y Villegas denunciaron que fueron alojados en la celda de castigo, estuvieron desnudos, eran filmados en esas condiciones tratos inhumanos y durísimos relatos realizaron tras recuperar su libertad.

La abogada de la defensa de Morandini, Elizabeth Gómez Alcorta expresó en sus redes “cuando (Morandini) recuperó su libertad, Gerardo Morales dijo públicamente que todo era falso y que él había consultado al ministro de Seguridad de Jujuy. Morandini se presentó como querellante para que se investigue los hechos”, en referencia a los días en la estadía en la celda de castigo en el penal.

El caso conocido como los tuiteros, acusados detenidos por haberse expresado en redes sociales en contra del ex gobernador Gerardo Morales, denunciados por el ex mandatario y su esposa. Fue la justicia jujeña exprés que los detuvo argumentando delitos y fue una causa disciplinatoria para los que osaron opinar un rumor de infidelidad.

“Exigiremos que se investigue a las autoridades políticas que dieron la orden para que Morandini y Villegas recibieran condiciones inhumanas durante su detención” escribió Gómez Alcorta.

El fiscal Walter Rondón que investigaba el caso de los tuiteros había adelantado en febrero de un juicio abreviado para que los acusados Morandini y Villegas aceptasen ser responsables de un delito inexistente a cambio de la libertad. Por esos días, el jefe del Servicio Penitenciario había desmentido a los detenidos y el fiscal no avanzo en ese hecho.

En tanto, el fiscal Diego Funes, agente fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 2, investigó de oficio y solicitó la apertura del juicio oral contra: Hernán Flores, Pablo Herrera, Raúl Inchastoy, Marcos Espinosa, Julio Vaca, Lucas Hevia, Matías Canedi, Santos Mamaní,  Maximiliano Linares Esquivel, Manuel Cerrudo,  José Olaguivel,  Fabricio Lara,  Adrián Miranda,  Benjamín Guantay, Gustavo Quispe, Mauricio Romero, Luis Canedi, Daniel Toconás, Víctor Balderrama, Miguel Chaile, Diego Ovejero,  Ariel Yampe, Leonardo Flores acusados de probables coautores penalmente responsables del delito de apremios ilegales, vejaciones y severidades contra Nahuel Morandini y Roque Villegas.

La investigación preparatoria expresa que “el  5, 6 y 7 de enero de 2024, en las dependencias de la Unidad penitenciaria N° 1  donde estuvieron los tuiteros con tratos rigurosos y humillantes durante su detención en el Pabellón Nº 2 de castigo, obligándolos a desnudarse cada vez que aparecía un funcionario penitenciario y manteniéndolos en dicha condición, sin ropas, durante su estadía en castigo y aislamiento, en condiciones infrahumanas, en reductos sin la debida ventilación ni iluminación y faltos de higiene, haciendo sus necesidades fisiológicas en un balde, orinando en una botella, no brindando los elementos necesarios para higiene, no brindándoles los utensilios necesarios para alimentarse, no entregando los anteojos a personas cortas de vista, poniendo el pan en lugares con agua sucia para que los internos lo ingirieran en ese estado, en condiciones serviles, afectando la dignidad de las víctimas con restricciones ilegítimas e irrazonables; tornándose una práctica constante que se extendió en el tiempo hasta el 02/03/2024 en contra de los internos alojados en dicho pabellón Nº 2".