Con fecha limite hasta el 30 de agosto, el gobierno de Carlos Sadir instó a trabajadores de la administración pública provincial a completar con datos personales el llamado Legajo electrónico, el cual fue rechazado por el CEDEMS por considerar que el mismo pretende recabar información que excede las cuestiones laborales.
Fue mediante un escrito al Ministerio de Hacienda, que el sindicato docente expuso los “datos personalísimos” presentes en el formulario entre ellos, el tipo de sangre, las redes sociales, incluso, información del grupo familiar que no corresponde si se tratara para percibir contribuciones sociales.
“Se debe conceder a la base estatal datos sensibles, sin que expliquen los fundamentos, sin razón y bajo amenaza de no cobrar el sueldo”, subrayó el CEDEMS en la presentación.
Esto se debe a que el llenado del formulario es de carácter obligatorio y cuestionó “¿anualmente habrá que llenar pilas de información que no tiene explícita que finalidad tiene?”.
El malestar proviene del tipo de información que se exige: del grupo familiar se pide la declaración jurada de todos, declaración de las asignaciones familiares, certificado de escolaridad, prenatal, solicitud de licencias, reconocimiento médico, afiliación al ISJ y certificado de matrimonio.
No obstante, la preocupación surge del destino de esos datos, puesto que el artículo 1 de la Ley 6260 de “Digitalización de los procedimientos administrativos”, se establece “autorízase la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, notificaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todo procedimiento, actuación o gestión que tramite el Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy, organismos centralizados, descentralizados, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o físico”, por lo que desde el CEDEMS apuntaron “una norma que nada tiene que ver con la cantidad de datos personales solicitados y con la cual se vislumbra una eventual afectación de los derechos personalísimos y demás implicancias negativas para los trabajadores”.
Asimismo, destaca que “el legajo digital se vincula con una app del Estado, la cual deberá estar vinculada con un celular no provisto por el Estado provincial y que, conforme a los pedidos de autorización que piden, servirá para monitorear a los agentes públicos en su ubicación, en redes, en todos los aspectos vinculados a la vida privada, datos personales, privados y que de ser usados por el Estado como se pretende, implican una violación a los derechos humanos de la ciudadanía jujeña”.
Las sospechas sobre la utilización de los datos personales por parte del Ejecutivo tienen un antecedente: en el marco de la pandemia, Gerardo Morales quiso imponer la obligatoriedad del escaneo en comercios de DNI. Con la excusa de controlar la salida por terminación numérica, el gobierno impulsó el uso de la aplicación SIMMOV por parte de policías, agentes del COE y comerciantes. Rápidamente el por entonces diputado Emanuel Palmieri presentó un amparo de inconstitucionalidad ante la justicia.
La justicia terminó dando la razón al legislador, señalando que no advertía ninguna necesidad para el escaneo del documento de identidad para corroborar la terminación par o impar y que solo con la sola exhibición del mismo era suficiente. Las dudas del Palmieri giraron en torno al destino que se le iba a dar de esos datos, algo que el gobierno nunca aclaró.