Alrededor de las 11, hora Argentina, en una de las salas de la CIDH -Comisión Interamericana de Derechos Humanos- que tiene en Washington, una comunera jujeña estará dando cuenta de lo que ocurre con la industria litiera y cómo en la provincia se viene violando sistemática sus derechos.
La exposición estará a cargo de Verónica Chávez, integrante de Santuario de Tres Pozos, una de las comunidades que se encuentran en la zona de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, lugar donde proliferan proyectos de extracción del mineral.
La charla se enmarca dentro de la Audiencia Regional Impactos de la extracción de minerales para la transición energética.
Bajo esta política de generación de energías limpias, en Jujuy el gobierno de Morales dio el puntapié para la extracción de litio a fines de diciembre 2015, aunque su creación databa desde 2012. Desde un principio, las 33 comunidades indígenas de la zona -tanto de la parte salteña como jujeña- expusieron su rechazo a la actividad frente a las consecuencias ambientales por el uso intensivo del agua de los humedales. El hecho que la provincia posea un 8,5% del paquete accionario de Sales de Jujuy a través de JEMSE, es lo que impulsó al Ejecutivo para avanzar sobre tierras comunales.
La estrategia del gobierno fue la dividir a los pueblos y comprando voluntades. El mejor ejemplo de ello fue el de la comisionada de El Moreno, Angélica Castillo, quien le abrió las puertas a la exploración litiera en Lipán. Castillo, además de comisionada, era integrante de la comunidad. Su premio fue una banca en la Legislatura provincial, cargo que ocupa desde diciembre del año pasado.
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