En una corta sesión realizada el miércoles último, el oficialismo jujeño acompañado por algunos legisladores del justicialismo aprobaron la ley 6.351, de “ratificación de los títulos de propiedad comunitaria" a favor de 70 comunidades indígenas. Se trata de instrumentos que ya fueron otorgados, 67 en el gobierno de Eduardo Fellner y solo tres en la gestión del actual gobernador Gerardo Morales. Comunidades indígenas cuestionaron que no fueron consultadas, además de advertir que el Estado se reservó para sí la posibilidad de avanzar sobre el subsuelo de este territorio.
En el contexto de enfrentamiento que mantiene el gobierno de Jujuy con los pueblos originarios que habitan esta provincia, con centro en el aprovechamiento del litio que se encuentra en territorio indígena, la movida generó suspicacias. Y efectivamente, según señalaron legisladores opositores y comuneros que pidieron reserva de sus identidades por temor a sufrir represalias, solo reconoce derechos sobre la superficie de la tierra, con lo cual los recursos subterráneos quedarían en manos del Estado provincial. El concepto se comprende mejor si se tiene en cuenta que los pueblos indígenas reivindican el territorio, que comprende la tierra y todo lo que se encuentra en ella por arriba y por debajo de la superficie, lo material y lo espiritual.
La sesión duró pocos minutos, y quizás lo único rescatable en ella fue que el oficialismo implícitamente reconoció que el gobierno jujeño tiene un enorme conflicto con las comunidades que rechazan la nueva Constitución provincial, aprobada el 20 de junio último, por considerarla inconstitucional y porque en el proceso de reforma no se cumplió con el derecho a la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas, consagrado en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT.
La nueva ley viene a sumarse al conflicto social y político que vive la provincia tras la reforma de la Constitución. Hace más de un mes las comunidades indígenas cortan las principales rutas de la provincia resistiendo la nueva carta magna y en este contexto el Tercer Malón de la Paz partió desde la Puna a Buenos Aires a exigir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida sobre las presentaciones realizadas para que se derogue la nueva Constitución.
La norma sancionada el miércoles último cuenta con solo dos artículos: "Ratifíquense los títulos de adjudicación de propiedad comunitaria a las Comunidades Aborígenes, de acuerdo a los instrumentos previamente otorgados, que a continuación se individualizan", sostiene el artículo primero y que va acompañado de un listado de 70 comunidades, en el que se detalla a qué pueblo pertenece, las tierras comunitarias reconocidas y la superficie. El artículo segundo es de forma, de comunicación al Ejecutivo.
El proyecto aprobado de manera exprés ingresó el 25 de julio a las 18, luego de la reunión de Labor Parlamentaria, de manera que no tuvo tratamiento en comisión. La ratificación es sobre 67 escrituras entregadas entre 2003 y 2015, en el gobierno de Eduardo Fellner, y otros se entregaron en la gestión de Morales. En este último caso son títulos a favor de la Comunidad aborigen kolla Corral Blanco Cieneguillas Azul Kasa, de Yavi; la Comunidad kolla La Redonda, en el departamento Cochinoca y la Comunidad Omaguaca de Aparzo, ubicada en Humahuaca.
En la sesión el miembro informante Adriano Morone trató de ahuyentar las sospechas sobre la iniciativa. “Este proyecto tiene por objeto ratificar los títulos de adjudicación de las propiedades comunitarias correspondientes a pueblos de distintos departamentos de la provincia. Esta Ley viene a ratificar, a dar mayor garantía a los pueblos originarios. Esta ley ratifica la política que en materia de derecho de los pueblos originarios sostuvo este gobierno provincial en estos casi 8 años, en donde incluso se creó un Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, demostrando la centralidad y el lugar que ocupa en la agenda del gobierno provincial", insistió.
Es más, aseguró que este proyecto "viene a dejar en claro algunas cosas, particularmente, a dejar en evidencia la mentira de algunos sectores políticos", que "han venido desplegando en las últimas semanas, generando miedo en nuestros pueblos originarios que este gobierno le quería sacar las tierras. La vocación de Gerardo Morales de ampliar derechos”, expresó.
La legisladora Patricia Armella, del bloque del PJ, le retrucó que en realidad el proyecto del oficialismo radical "es un reciclado de políticas públicas reales de un gobierno peronista. Lo concreto es que entregaron 3 escrituras, hay un 97% de comunidades que siguen esperando su reconocimiento y de sus tierras”. Y aprovechó la circunstancia para cuestionar la reforma constitucional impulsada por el gobernador Morales: “Me siento parte de las comunidades indígenas que se han cansado de expresar sobre el artículo 94 de la reforma de la Constitución y que consideran que va sobre sus derechos, cuando se establece que el estado regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento de proyectos productivos”, expresó.
Luego el diputado provincial del bloque Unión por Jujuy, Juan Cardozo Traillou cuestionó más duramente la iniciativa: "Una ley que ratifica algo que ya existe es de un absurdo total, carece de cualquier efecto jurídico y no soluciona nada; desde el año 2018 no entregan títulos comunitarios, no le cambia nada a las comunidades que ya tienen las tierras y mucho menos a aquellas que todavía no las tienen; esto habla de una clara inoperancia o falta de gestión ya que hace cinco años no se entrega un título".
Asimismo, destacó que el proyecto "no tuvo diálogo con las comunidades ni tratamiento en comisión, el gobierno no quiere debate, diálogo ni consenso. Nuestra provincia era pionera en el país en el ámbito del trabajo con las comunidades originarias a partir de la reforma de la Constitución de 1994, es todo un proceso que se ha frenado ya sea por inoperancia o falta de decisión política. Es necesario que el gobierno establezca el diálogo y el consenso con las comunidades originarias para resolver el conflicto que se vive en nuestra provincia”, insistió.
Reserva del subsuelo
Ex comuneros de la Quebrada jujeña se preguntaron si las y los legisladores saben qué aprobaron. "El único artículo dice: 'instrumentos previamente otorgados'. Esos instrumentos serían las escrituras y el texto ¿se conoce?”, señaló un comunero sobre el escueto artículo.
"Lo que ví de unas escrituras (en referencia a las 70 ratificadas) decía 'la provincia de Jujuy hace reserva de subsuelo'; otro artículo decía que la provincia se reservaba el derecho de hacer caminos, escuelas, oleoducto. Y en algunos casos había artículos que decían 'se deja constancia que la minera china X tiene un pedimento dentro de su territorio'”, señaló el comunero. También afirmó que hay irregularidades en la entrega: "se entregaron terrenos a una comunidad indígena que coincidía con la descripción de la tierra que ocupaba, pero no del territorio”, diferenció. Es que "territorio” es un concepto amplio que abarca suelo y subsuelo de las propiedades comunitarias.
En cuanto a la descripción de "título comunitario" que figura en el otorgamiento a las 70 comunidades, el comunero consideró: “ese título ponen ellos, pero con los artículos que le comenté deja de ser tierra comunitaria. Algunas comunidades les hicieron firmar esas escrituras y se las entregaron 3 o 4 años posteriores por cuestiones técnicas. Pero tenían una fuerte recomendación que no se hagan públicas las escrituras”, señaló.
La ratificación de esos títulos comunitarios aprobada el miércoles provocó incertidumbre en las comunidades. “Pasaron más 10 años y es como un cierre administrativo del acto. En este caso el acto es la entrega de tierras y pasó el tiempo para futuros reclamos. Es decir, la ley nueva dice que ya no tienen territorio y ya no pueden hacer la consulta”, advirtió el comunero. “Nadie conoce lo que se está ratificando”, insistió.
En tanto, otros comuneros del Volcán de Yacoraite coincidieron en que “en el texto de la escritura también estaba escrito que la provincia hacia reserva del subsuelo, de obras para escuelas, puesto de salud, comisaría y constancia de pedimentos mineros. De manera que han pasado 10 años y la minera no puede ingresar. Entonces con este instrumento ratifican y vuelve a correr el reloj, y el consentimiento ya está firmado”.
“Se ratifican escrituras que no se conocen, no son públicas, en el proyecto que aprobaron están los números de esas carpetas de las 70 comunidades, que sean públicas si tienen espíritu comunitario”, desafió.
Un comunero de esta zona subrayó la preexistencia de las comunidades indígenas al estado argentino y se preguntó cómo puede ser que la provincia de Jujuy adjudique la tierra. “La cláusula en algunas escrituras tiene a la provincia dueña del subsuelo no van a poder aplicar la consulta, ni para el agua, ni para la mina, es decir al firmar consienten eso y tampoco hace falta el Convenio 169. Entonces les van a decir a las comunidades acá está el instrumento firmado que autoriza avanzar sobre el subsuelo”, explicó.
Otro comunero dijo: “para mí es un teje y maneje legal para despojar a las comunidades en este caso de los derechos que tienen como comunidades indígenas en el territorio. Le han quitado a la Pachita del suelo pa' abajo. Del piso para abajo es del estado. Es decir, esas comunidades ya no están para hacer la consulta, es el riesgo, quedan indefensas si así ocurrió en las escrituras. Lo que hizo la Legislatura ayer, fue con un interés”, cerró.
El 26 de julio la Comunidad de Lumara de Cochinoca recordó por nota a la Legislatura provincial que antes de antes de aprobar este proyecto "debe efectuar la consulta indígena del Convenio 169 tanto a las comunidades indígenas ahí enumeradas como así también a las 400 comunidades indígenas existentes en Jujuy", que "también resultan afectadas por la presente ley provincial”.
La Comunidad hizo extensiva la nota "a todos los proyectos de ley que involucren y/o afecten a las comunidades indígenas de Jujuy", y fundamentó su solicitud en "la vigencia actual en todo el país de la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT, y la ley nacional 24071".
La ahora ley 6.351 se aprobó sin participación de las comunidades indígenas, a pesar de que el 10 de julio pasado el mismo Morales planteó que se trabaje en la sanción de una ley integral de protección a los derechos de los pueblos indígenas, algo que, sin embargo, ya está previsto en la normativa enumerada por la Comunidad, que el propio gobierno jujeño no tuvo en cuenta. Además, el titular del Ejecutivo provincial pidió que esa norma salga por iniciativa de las propias comunidades originarias.
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