Comunicadora absuelta

Los juicios contravencionales a dirigentes sociales, políticos, gremiales, periodistas en el marco de las protestas por la lucha contra la Reforma Constitucional impulsada por Gerardo Morales no cesan y, si bien son juicios administrativos y recaudatorios, principalmente, esta vez la justicia contravencional usó el código para sancionar y acusar a una comunicadora que ejercía su trabajo en los cortes de ruta.

Ayer el Juzgado contravencional N°3 absolvió a Olga Gabriela Burgos, comunicadora social de la quebrada que fue acusada por el art 90: será sancionado aquel que omitiera ceder el paso de ambulancias, vehículos policiales o de bomberos que lleven señales lumínicas o sirenas encendidas.

Una causa que direcciona el disciplinamiento a los periodistas, comunicadores, trabajadores de prensa que realizan su trabajo, el derecho a informar y comunicar como derecho humano y que en Jujuy no se garantiza. Esta causa que absolvió a Burgos deja un gran mensaje, aunque no pudieron sostener una acusación que va en contra el ejercicio de la profesión.

Burgos estuvo presente el 17 de junio cuando la infantería de la provincia reprimió a las comunidades que integran el Tercer Malón de la Paz en Ruta Nacional N°9 y ruta provincial N°52, ejerciendo su profesión, registrando y comunicando lo que sucedía esa tarde donde hubo heridos y detenidos, sólo de integrantes de comunidades indígenas que habían dispuesto la medida de lucha desde el día anterior que se había aprobado la reforma, sino también de turistas que se encontraban esperando llegar al pueblo de Purmamarca.

“Hubo muchas desprolijidades en el Juzgado N°3, es preocupante porque esas irregularidades administrativas están acusando a muchas personas y son condenadas. En mi causa hubo desprolijidades, no fue seria la acusación administrativa y es por eso que cae la causa. También la de Malku Machaca el antropólogo que estábamos en el mismo juzgado”, refirió la comunicadora luego de conocer la absolución.

Sobre esta cacería, cabe mencionar que la semana pasada fueron acusados dos comuneros a pagar 13 millones de pesos en estos juicios que son iniciados desde el Poder Ejecutivo (el Juzgado depende del Ministerio de Seguridad) y solo buscan disciplinar y criminalizar la protesta social.