Luego de recibir las notificaciones del JEMSE donde daba por concluido el informe de impacto ambiental -realizado de manera unilateral por ese organismo- y en consecuencia se procederá a la construcción de la zona franca y desalojo de la comunidad de La Quiaca Vieja, comuneros se reunirán en asamblea para determinar medidas de fuerza.
Según detalló el presidente de la comunidad, Marcial Trejo, la reunión se llevará a cabo el sábado a las 9 de la mañana en el salón comunitario. Allí, en asamblea determinarán las medidas a realizar con el objetivo de no permitir la construcción de la zona franca, dado que no sólo los despojarán de sus tierras, sino que además, tal como explicó Trejo, contaminará el río, perjudicando su actividad económica.
Asimismo, el comunero señaló que a esta asamblea fueron invitados funcionarios del gobierno provincial, como ya lo hizo en oportunidades anteriores, para tratar de resolver el conflicto.
Aún así, Trejo adelantó que si no se resuelve el problema de la expropiación, tomarán medidas “más fuertes” con el fin de no permitir la instalación del emprendimiento comercial.
Además, al reclamo se sumó el pedido el retiro de la cartelería donde se indica la construcción de la zona franca, ubicado dentro de su territorio.
Recordemos que el viernes 27 de febrero, el Secretario de Calidad Ambiental Pablo Bergese notificó a representantes de ese pueblo originario que da por concluida "la participación y socialización" del estudio ambiental, y, en consecuencia, se iban a comenzar en 48 horas las obras de la Zona Franca en sus tierras.
Frente a esta situación, desde la comunidad respondieron a Bergese que reiteraban el “rechazo” a la notificación porque no cumplía con las normas Constitucionales (art.75 inc. 17,19 y 22) y leyes nacionales N° 24071 (convenio 179 OIT) y N° 26160 que obligan a realizar una consulta previa, libre e informada a las Comunidades Indígenas antes de concretar cualquier acto o disponer de sus tierras.
Por su parte, desde la municipalidad de esa localidad, respaldaron el reclamo de los comuneros de La Quiaca Vieja y señalaron que “así como está planteado -y como ya lo expresamos más de una vez- el proyecto que el gobierno provincial denomina "zona franca"; es incompleto, impreciso y excluyente”.
El rechazo contundente del pueblo originario se debe a que el proyecto del gobierno de Gerardo Morales implica la enajenación de 1200 hectáreas, gran parte de las cuales, son tierras de propiedad ancestral comunitaria, y la expropiación de las mismas se haría a precios viles.
Ya en diciembre de 2019 un residente denunció haber recibido un aviso de expropiación por parte del gobierno de un terreno de 3 hectáreas a cambio de 2 mil pesos en carácter indemnizatorio. Otra integrante manifestó que por su propiedad de 30 por 50 metros, la administración de Gerardo Morales le ofreció pagar 103 pesos.
Fuente: Canal 6 La Quiaca