Con múltiples irregularidades, el gobierno de Morales "enmascara" de legalidad las audiencias públicas

Ya desde hace un tiempo, las denuncias sobre la ocupación de territorios de familias campesinas o comunidades indígenas en suelo jujeños son una constante desde que asumió Gerardo Morales la gobernación, el común denominador es la falta de información del Ejecutivo sobre los proyectos que se realizan en los lugares conflicto aun cuando existe una normativa al respecto; ante ello, ahora la provincia intenta “enmarcar” de legalidad el avance sobre las tierras a través de audiencias púbicas que no cumplen con los requisitos impuestos.

En las últimas horas, el Ministerio de Ambiente jujeño concretó 3 audiencias públicas: ayer respecto Finca Puesto Viejo donde se pretende realizar exploración minera; como así también hoy respecto al Plan de cambio de uso de suelo con fines agrícolas en Finca El Mistol y Finca Guanco.

“Estas audiencias públicas intempestivas, que sólo pretende simular participación, no implican que se respete la voz y los derechos de los dueños de las tierras, los vecinos, los especialistas y la comunidad de Jujuy en general. Constituyéndose en una violación a la constitución nacional y sus leyes administrativas”, expusieron varias organizaciones en un comunicado.

El documento -firmado por el MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena),  CTA Autónoma Jujuy, CTA de los Trabajadores, Alejandra Cejas, Organización Barrial Tupac Amaru, Madres y Familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy, Coordinadora contra la Violencia Institucional (CCVI), Partido Solidario (PSOL), Cámpora Templanza Jujuy y AUKA (Colectivo de Trabajo Social Jujuy)- explica “de acuerdo al derecho ambiental, la Audiencia Pública es una herramienta que
implica el Empoderamiento de los ciudadanos. Es decir, posibilita ‘ser escuchados y ser informados debidamente’, antes de tomar una ‘decisión administrativa’ en los casos de que las Empresas Privadas o el Estado lleven a cabo Proyectos que puedan afectar las vidas de la comunidad, localidad, barrio, etcétera.”

Asimismo, subraya que las “las audiencias públicas ambientales, de raigambre constitucional, tienden a fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas y acciones de gobierno en materia ambiental, como uno de los ejes principales para alcanzar el desarrollo sostenible en nuestro país. No son sólo un trámite administrativo, es una instancia que debe ser respetada y obliga al estado a cumplir con las normas básicas de convivencia ambiental”.

A pesar de ello, las últimas audiencias concretadas no respetaron los parámetros establecidos de transparencia e información necesarios para que la comunidad conozca de forma fehaciente el impacto de los proyectos.

“Las audiencias públicas son utilizadas por el gobierno provincial, a través del Ministerio de Ambiente, para cumplir con la obligación que les impone la ley 26331, para aparentar una instancia de participación, viciada de incumplimientos y carente de todo el carácter de debate que debería”, señalaron las organizaciones en el documento.

Y profundizaron “la gestión de Gerardo Morales, viene utilizando a las AUDIENCIAS PUBLICAS como una nueva herramienta para favorecer los negocios inmobiliarios, extractivistas y de monocultivo, con una máscara de ‘prolijidad’ que evidencia negocios para pocos y exclusión para campesinos y otros afectados”, recordando el caso particular del emprendimiento inmobiliario en los Perilagos denominado “Ecoparque La Ciénaga, donde el estudio de impacto ambiental contenía plagio, invisibilizaba la presencia en el lugar de familias campesinas que viven allí, omite la ley de presupuestos mínimos y el ordenamiento territorial adaptativo de bosques nativos, entre otras observaciones.

“Se haga o no la audiencia, los proyectos continúan, resumiéndose en un simple trámite para que el gobierno siga haciendo lo que quiera”, consideraron.

Además, también apuntaron al “disciplinamiento” de quienes se oponen a los proyectos discutidos, con fuertes operativos policiales “en las distintas audiencias que se vienen realizando en diversas localidades, donde se denomina cambio de uso de suelo a desmontes para emprendimientos, que afectan familias”.

Basta mencionar el caso de la audiencia realizada en marzo para el cambio de 440 hectáreas en Finca El Pongo, donde no se aclaró para que cultivos era -aunque el gobierno de Morales quiere expandir la producción de marihuana-, donde incluso participantes inscriptos se le negó el ingreso a la audiencia, además de no cumplir con la transmisión online establecida en el marco de la pandemia.

Frente a ello, las organizaciones consideraron que “el procedimiento de audiencias públicas ambientales es para interés de la comunidad no para avalar el avance indiscriminado del gobierno de turno”.