Con una cobertura cada vez más deficiente, sindicatos pidieron al ISJ una audiencia

Con denuncias por falta de atención, reducción de prestaciones médicas y menor cobertura, además del pago extra de un coseguro hizo que ayer un grupo de referentes sindicales se presentaran en las puertas del ISJ para demandar información sobre cuál es el destino de los fondos que recauda la obra social de trabajadores de la administración pública de la provincia, por lo que el próximo martes mantendrán una audiencia con las autoridades del organismo.

El encuentro está previsto para las 17 y desde la Intergremial esperan que se aclare cuál es la situación financiera del Instituto, frente al retaceo de la cobertura que vienen padeciendo.

En ese sentido, el secretario general de APUAP, Nicolás Fernández apuntó que esperan recuperar al ISJ “como obra social de los trabajadores de la provincia” y puso el foco en el manejo de la misma al manifestar “la obra social la mantenemos los trabajadores, pero la administra el empleador, esto es insólito, los trabajadores aportamos todos los meses en la obra social, pero no tenemos decisión en la administración de la misma, con el agravante en la provincia de que todos los ingresos a la obra social van a parar a una cuenta única, es decir, se mezcla con los otros ingresos de la provincia: coparticipación, recursos, por lo tanto hay un oscurantismo que rodea a la administración de los recursos de nuestra obra social, que cada vez presta menos cobertura y cada vez en más cara para los trabajadores”.

La cuenta única sobre la cual el dirigente dirigió sus críticas se trata del “Fondo Unificado de las Cuentas de la Provincia para la administración de los fondos públicos”, ley que fue aprobada el 5 de septiembre de 2019 (Nº6.139) por la Legislatura provincial y la cual estableció que el Poder Ejecutivo pasaba a disponer de los fondos de unas casi 300 cuentas bancarias de la administración provincial para aplicarlas como herramienta de financiamiento. Entre las reparticiones afectadas se halla el ISJ, pero también el Poder Legislativo y el Poder Judicial, afectando así la división de poderes, por lo que le valió una denuncia al gobernador Morales, puesto que el proyecto fue enviado por el Ejecutivo.

Frente a esta irregularidad, Fernández apuntó “queremos que la obra social sea administrada por quienes la sostenemos, en el mientras tanto, hay una serie de informes que vamos a pedir, porque queremos saber cuánto dinero ingresa a nuestra obra social, cómo se administra y por qué hay cada vez más dificultades para conocer las prestaciones que prestan los profesionales que brindan sus servicios para el ISJ”.