Concejal quiaqueño devela el circuito de cámaras y pone en riesgo la seguridad pública

El concejal Hugo Barro (ex funcionario de Tito) tras hacer un informe público sobre las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad fronteriza y realizó declaraciones radiales fue denunciado por el ejecutivo municipal por poner en riesgo la seguridad de los quiaqueños.

Días atrás, el departamento jurídico del municipio advirtió las graves declaraciones del concejal mencionado y realizó la denuncia ya que la finalidad de la instalación de cámaras de seguridad es para esclarecer delitos, radicar delitos. Además, en temas de seguridad pública existe una confidencialidad de autoridades.

Barro buscó los medios locales para ‘denunciar’ que faltaban cámaras (que faltan desde la gestión de Tito) y en ese contexto se encargó de develar la ubicación de las cámaras, cuáles funcionan y cuáles no; una cuestión grave si se tiene en cuenta que es información confidencial pone en riesgo la seguridad.

La abogada del ejecutivo municipal Lorena Mamaní destacó que “las declaraciones del concejal de dar detalles de la ubicación y funcionamiento de las cámaras de seguridad de cuantas funcionan. Además, con esa información pone en riesgo a la sociedad quiaqueña de los intereses generales. El monitoreo de las cámaras es evitar delitos y el concejal pone en alerta a los que cometan delitos” explicó.

Además, Barro recurre para ese informe a empleados municipales encargado de la instalación de las cámaras de la gestión de Tito, de manera que involucra a empleados municipales.

Cabe recordar que el concejal en cuestión también plantea una situación contradictoria: desaparición de algunas cámaras de seguridad y acusa al Ejecutivo municipal.

Lo grave que advierte la letrada ante estas declaraciones es la finalidad que tiene la instalación de los sistemas de las cámaras de seguridad en cualquier sociedad. “Recordemos que las cámaras lo que tienden a hacer es una especie de prevención en cuanto a todos los accionares delictivos y por otro lado de la colaboración de la información que arrojan las imágenes las capturas de las cámaras de seguridad en cuanto a resolver o a esclarecer algunos hechos que se cometen en la vía pública” afirmó.

“Por ello se requiere responsabilidad en cuanto a un informe que deviene en cuanto al funcionamiento exhaustivo de qué cámaras de seguridad funcionan, cuáles no funcionan, la ubicación de cada una de las cámaras y esto nos alerta porque develar este tipo de información detallada pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad de La Quiaca. Por esto es que el Ejecutivo tomó la decisión de formular la denuncia penal correspondiente en la fiscalía de la ciudad de La Quiaca”.

La abogada también planteó que “cuando uno ejerce las funciones públicas que le corresponden, lo tiene que hacer de manera responsable y ante esto el Ejecutivo es sumamente determinante en virtud de que no va a tolerar de que se pongan en juego determinados intereses generales como lo es el tema de la seguridad pública de la sociedad. Entonces en este punto es muy importante que la gente entienda que uno puede saber y tiene derecho de tener conocimiento de ciertas cuestiones que se llevan adelante, pero el tema es la responsabilidad en cuanto determinar qué cámaras funcionan, cuáles no funcionan, porque tenemos que resguardar la seguridad de la sociedad quiaqueña”.