Contra el RIGI: comunidades indígenas exigieron que se cumpla con la consulta previa, libre e informada

Saqueo, así es como entienden las comunidades indígenas de Jujuy al RIGI -Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones- capítulo de la Ley Bases que el gobierno de Sadir pretende adherirse, por lo que ayer comuneros y comuneras se presentaron en la Legislatura para exigir el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada.

Acompañados por el bloque del FIT Unidad, que puso a disposición sus bancas para que se cumpla con el Convenio 169 de la OIT, un grupo de referentes de distintas comunidades indígenas expresaron con carteles el rechazo a la normativa, la cual consideran que sólo se llevará los recursos naturales, sin dejar beneficios a la provincia. Asimismo, la cuestión ambiental es otro factor para rechazar al RIGI, sobre el cual pidieron que no se apruebe su adhesión, al igual que la Ley Bases.

El reclamo de comuneros y comuneras se hizo presente de cara a lo que será la próxima sesión ordinaria, la cual se espera que se trate el proyecto de adhesión a este régimen, ya que el Ejecutivo envió el proyecto. Con mayoría de las bancadas oficialistas, las comunidades habían presentado con antelación a la Legislatura notas para que garantice el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada.

Por su parte, el presidente de la cámara, Alberto Bernis ya anticipó el visto bueno que tiene el radicalismo sobre este capítulo de inversiones y señalaba que “las inversiones como el RIGI serán un salto de crecimiento y desarrollo para Jujuy, generando puestos de trabajo y mucha riqueza para las comunidades y todo Jujuy”.

Y agregaba que la implementación de este régimen se aplicará “siempre cuidando el medio ambiente y contando con la participación de todos”.

Lo cierto es que hasta el momento las comunidades indígenas están siendo excluidas de todas las discusiones sobre la utilización de los recursos naturales, especialmente en la región de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, donde la instalación de empresas litieras vienen avanzando con permisos concedidos de forma casi secreta y de manera unilateral, sin respetar el protocolo Kachi Yupi, donde se establecía que ninguna comunidad indígena podía tratar de manera individual cualquier proyecto que afectase la cuenca hídrica.