El miedo nuevamente se apoderó de las calles de Caspalá, donde esta mañana un grupo de policías llegaron al lugar con el objetivo de deponer el acampe que iniciaron ayer pobladores en defensa de la cancha del lugar, donde el gobierno de Morales pretende erigir una escuela.
La alarma se encendió ante la presencia de efectivos en el lugar, que se acercaron para retirar del lugar a manifestantes que defienden el lugar ante la presencia de antigales. Con el recuerdo de la brutal represión el 18 de noviembre de 2022, cuando pobladores defendían la cancha de fútbol que la propia comunidad construyó.
Pese a que sigue vigente un fallo judicial que ordenó al Ejecutivo con innovar, el gobierno provincial -con la connivencia de la justicia local y el comisionado Natividad Apaza- pretende continuar con la obra, por lo que manifestantes recibieron una contravención para presionar con el desalojo del predio.
La paralización de la obra llegó apenas iniciadas las obras: en enero de este, cuando arrasaban con sembradíos de las tierras expropiadas a la familia Cruz Mojoya (donde se planteaba construir otra cancha para remplazar la quitada), hallándose allí restos arqueológicos de un antigal.
Según detallaba el antropólogo Gustavo Ontiveros, uno de los presentó la denuncia ante el MPA, detallaba que se trataba de “cuatro o cinco estructuras subterráneas que podrían tratarse de tumbas o silos circulares. Además, se destruyeron estructuras de andenes arqueológicos, antiguos. Algunos pueden ser prehispánicos posiblemente”.
Sin respuestas por parte del MPA, la causa pasó al fuero federal, llevándose así a fines de abril una inspección ocular sobre los terrenos donde se halló el antigal.
En paralelo, en marzo la comunidad kolla de Caspalá denunciaba a Gerardo Morales y otros funcionarios por los delitos de robo, usurpación y abuso de autoridad. A poco de llevarse a cabo los comicios del 7 de mayo en la provincia, la noticia cayó como un balde de agua fría para el gobernador.
El triunfo en las urnas fue opacado prontamente por la escalada represiva que dispuso el gobierno en contra de las manifestaciones en contra de la reforma parcial de la Constitución implementada en Jujuy de espaldas del pueblo jujeño.
Así, en las elecciones PASO del pasado 13 de agosto, por primera vez desde que Morales asumió el Ejecutivo fue derrotado.
Pero no era la única mala noticia que recibía el dirigente radical: casi finalizando el mes la justicia federal ordenaba al gobierno de la provincia de Jujuy que se abstuviera de ejecutar el proyecto de construcción de la cancha de fútbol y el centro de interpretación en la localidad de Caspalá, fallo que continúa vigente.
Con la salida del fiscal federal Federico Zurueta, la causa recayó en Carlos Colonnese (el mismo que niega que haya habido delitos de lesa humanidad en la represión del 20 de junio frente a la Legislatura), quien niega a la comunidad acceder al expediente, pese a que son querellantes, por lo que denunciarán al fiscal ante la Procuración General de Nación.
La causa por la expropiación y destrucción del antigal continúa en el fuero federal por la Ley nacional de protección del patrimonio.
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