Los ex trabajadores de Agua y Energía de Jujuy visibilizaron nuevamente su conflicto que lleva 25 años, no obtienen el cumplimiento del gobierno con el pago de la sentencia para resarcir a los trabajadores después de la privatización.
Oscar Rojas, vocero de los ex trabajadores sostuvo que el gobierno provincial desconoce el reclamo y busca silenciarlos con un acta acuerdo despojándolos de sus derechos.
“Exigimos el cumplimiento de la ley 4879/95, reanudamos los reclamos los días jueves para seguir con nuestra lucha”, también recordó que “en las elecciones del 2015 (Gerardo) Morales, nos citó a 40 personas en la calle Senador Pérez. Allí les explicamos el juicio y nos dijo ‘no se hagan problema en menos de un mes les daré la solución: yo me hago cargo del muerto’. Hasta el día de hoy ni siquiera mandó a sus ministros a nadie a acercarse para saber lo que estamos viviendo”.
“El gobierno el actual gobierno se niega a cumplir las tres sentencias 2000- 2014- 2022 a nuestro favor. El gobierno se sigue negando a cumplir la ley, el 14 de abril del 2021, el gobierno fue condenado nuevamente con una multa diaria, actualmente lleva 316 días de incumplimiento de rebeldía judicial. El cual ya llevó un acumulado o de 16 millones de pesos, aun así, se sigue negando a cumplir la sentencia”.
Son 506 trabajadores de los cuales hay 130 fallecidos que no pudieron ver justicia, aunque los herederos siguen con el trámite.
“Las amenazas del gobierno continúan y presionan a los compañeros para que se acerquen a Escribanía del Estado para firmar un acuerdo ilegal para que renunciemos a nuestros derechos y encima el promedio de pago era de 40 mil pesos como único pago según ellos”, exclamó el ex trabajador.
Así también recordó que el gobierno fue condenado a implementar el Programa de Propiedad Participada para la entrega de acciones en un plazo de 90 días corridos y 30 días más y el pago de los dividendos del 10 % generado de EJESA.
“Nunca cumplió, pero Morales sacó la resolución 260 /16 que impone un monto que no es el que dictaminó la justicia”.
Las resoluciones de los gobiernos de Fellner y Morales fueron impugnadas “sin validez legal “por la jueza Sapag de la sala 2 vocalía 6. A pesar de ello el gobierno provincial insiste con resoluciones como la mayo de 2021.
“Seguiremos con nuestros reclamos para que se nos respete nuestros derechos humanos, la Constitución de la provincia, de la Nación, las tres sentencias que tenemos y el gobierno actual se niega a cumplir.