El paro del servicio público de transportes en Jujuy ya va por su cuarto día, y ante la resolución de la UTA Jujuy de continuarlo por tiempo indeterminado, no se avizora una solución al conflicto.
Luego del fracaso de la conciliación obligatoria el jueves pasado donde el encuentro entre choferes, empresarios y gobierno no produjo avances, la única respuesta del poder ejecutivo fue publicar una solicitada eludiendo toda responsabilidad en el conflicto.
“El gobierno de la provincia rechaza el paro del transporte y pide responsabilidad a empresarios y sindicalistas”, señalaba el comunicado emitido en diarios. El ejecutivo “tiene en claro que esta situación es parte de un conflicto privado”, declaró el Ministro de Hacienda Carlos Sadir, y en un insólito intento por evadir las funciones que la ley le atribuye agregó “No se entiende que el reclamo se dirija hacia el Gobierno de la Provincia”.
Quizás la ausencia de Gerardo Morales, que está de viaje aunque el ejecutivo pretenda ocultarlo (en China según algunas fuentes) paraliza a sus funcionarios y ante la incapacidad de dar respuestas a los jujeños de a pie, los principales afectados, optan por sacarse de encima el problema, reduciéndolo a un “conflicto entre privados”.
La abogada de la Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer Jujuy), Alicia Chalabe opinó que el Gobierno no puede apartarse del conflicto y repudió la andanada de declaraciones de compromiso de los funcionarios:
“Desde la solicitada que sacó el gobierno donde le pide responsabilidad a los empresarios pero no se hace cargo del asunto, hasta las declaraciones del Concejal Aguiar presidente del Concejo Deliberante quien dice que esta decisión empresaria atenta contra los vecinos pero desligándose de la situación como si no tuvieran nada que ver.”
La abogada atribuyó al estado plena incumbencia en el problema: “Al tratarse de un servicio público, la responsabilidad de la prestación, de su continuidad y regularidad es del estado. No pueden de ninguna manera atribuir a las empresas, ni a los trabajadores, la responsabilidad en este asunto. Es una política pública respecto de la cual los usuarios cumplen con su deber que es pagar la prestación que se les brinda abonando la tarifa.”
“Hemos tenido aumentos tarifarios todo este año, inclusive ahora se está discutiendo una nueva tarifa en el concejo deliberante. La situación es vergonzosa y esto es inaudito en el mundo entero.”
“En primer lugar es responsabilidad estatal y de los funcionarios públicos del área que deben tomar cartas en el asunto y decidir cómo paliar esta situación. Los empresarios venían diciendo que había quitas de subsidios y que no podían sustentar este servicio”, señaló.
En efecto los empresarios del sector, quienes son parte del conflicto ya que incumplen con el pago de salarios y aguinaldo, señalan que no pueden afrontar esas obligaciones porque el servicio es deficitario comercialmente. Oscar Inklemona Presidente de la Cámara del Transporte Automotor, declaró a Canal 7 que "Al haberse quitado las compensaciones tarifarias, las empresas se han visto prácticamente ahogadas con esta situación".
Y deslizó que dejarían de transportar a pasajeros de manera gratuita, en referencia a los beneficiados por acuerdos con el gobierno (estudiantes y docentes).El empresario amenazó con cortar el servicio a los usuarios del BEGU (Boleto Estudiantil Gratuito) y BEGUP (Boleto Educativo Provincial), ya que "no se puede hacer política con las empresas que están en quiebra. Lamentablemente tendremos que reducir algunos servicios".
A su vez en la solicitada el ejecutivo afirma que transfiere en tiempo y forma a las empresas el dinero para afrontar el costo de esos servicios gratuitos. Más allá de la polémica y los acuerdos comerciales/políticos entre las empresas y el estado resulta claro que la afirmación de que el gobierno no tiene nada que hacer en este conflicto es una falacia.
En representación de los usuarios a quienes se les niega un servicio con tarifas que varían de una manera poco clara, Alicia Chalabe explicó: “vamos a insistir, tenemos muchas demandas presentadas a través de la asociación que represento por el tema del aumento tarifario”
Reclamó que el gobierno cumpla con la función de control que le toca: “Esta situación sería como que tuviésemos un corte de luz en nuestras casas y que la empresa proveedora del servicio no fuera responsable. Y que el gobierno pretendiese decir que es el dueño de la empresa el que no presta servicio y no da suficiente energía. No, la distribución de la energía eléctrica está a cargo de una empresa privada y tiene en Jujuy un ente de control que es la SuSePu, con un reglamento de actuación, por el cual si no se presta el servicio hay una multa. Por lo tanto tenemos un servicio eléctrico constante y regular.”
“Lo que pasa que el servicio público de transporte, está en apariencia totalmente desregulado, sujeto a la voluntad del Intendente Municipal y de los Concejales, donde los usuarios somos absolutamente cautivos, de la tarifa y de estas personas, produciendo que no tengamos el servicio esperado por los jujeños.”
“El gobierno provincial dice que no es su responsabilidad, el Intendente Municipal no ha hecho ninguna declaración y el Presidente del Concejo Deliberante dice que los vecinos son los afectados. Como diagnóstico está buenísimo. Ahora respecto de la responsabilidad sobre la prestación del servicio, de ninguna manera ésta es atribuible a una persona particular. Voy a reiterarlo: es un servicio público y como tal es responsabilidad del estado su prestación en debida forma. Y el principal responsable es el estado municipal que no tiene ente de control propio y el servicio queda sujeto a la decisión del intendente y los concejales”, finalizó la defensora de derechos del consumidor.
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