Entre la cantidad de obras que prometió el gobierno de Morales realizar enmarcadas en el Plan Maestro Plurianual se encuentra la construcción del Centro Cultural Lola Mora en lo que es predio del actual Museo Pasquini López, lugar que habita una familia que será desalojada luego de vivir allí 15 años.
Desde el año pasado, en plena pandemia y cuando el gobierno nacional había ordenado el cese de todo desalojo, en Jujuy, José Antonio Juárez y su pareja Liliana Noemi Calisaya comenzaron a recibir notificaciones para que desocupen la vivienda en la cual funcionaba el Museo Pasquini López en Alto La Viña.
La medida responde a que para construir el centro cultural, necesariamente hay que derribar la vivienda que ocupa la familia, en la cual también hay un niño.
“Nosotros no tenemos dónde irnos” explicó Juárez, además de señalar que si bien el gobierno provincial a través de la Secretaría de Niñez y Adolescencia les ofreció un lote en Alto Comedero no tienen los recursos para edificar.
“Nuestras cosas no las podemos poner en un lote vacío, la situación es desesperante porque hoy recibimos la noticia que ya está el desalojo y empezaron a demoler el museo, el nene lo lleve a la casa de una vecina para que me lo tenga, estamos juntando nuestras cosas, no sé cómo enfrentar esta situación” relató el damnificado por esta situación.
La difícil situación de la familia también se deriva por la falta de remuneración respecto a las labores de mantenimiento que realizaron todos estos años en el predio.
Un museo y un acuerdo que no se cumplió
El predio donde está ubicado el Museo Pasquini López pertenece al Estado provincial. Sin embargo, la provincia cedió en comodato al Grupo Yavi de investigaciones científicas y la Fundación ProYungas (de la empresa Ledesma) la dirección del lugar.
Dicho acuerdo venció en 2012, pero desde aquel entonces todas las partes siguieron ocupando el sitio. Ello incluyó a la familia Juárez-Calisaya, quienes realizaban tareas de mantenimiento sin obtener remuneración alguna, aunque se les permitió vivir allí.
En 2018, el Estado provincial inicia el juicio para que sea desocupado el lugar.
Ya en 2020, la justicia dicta una sentencia en la cual se insta al desalojo.
La familia damnificada planteó una demanda para que intervenga la Defensoría de Menores, pero también la Secretaría de Niñes y Adolescencia, ya que en la familia hay un menor de edad. A pesar de ello, la justicia no dio lugar al planteo.
Hasta entonces, la causa estaba en la Cámara de Apelaciones, sin embargo, en las últimas horas el Juzgado de Primera Instancia N°2 -Secretaría 3- ordenó el desalojo del inmueble, por lo que se debe expulsar a la familia.
La situación se agrava porque el juez no concede tiempo para que la familia pueda encontrar un lugar donde vivir, con el agravante que tanto el papá como la mamá del menor son trabajadores informales, además que allí se encuentran los centros de desarrollo del niño.
La pareja apela al estado provincial que revea esa decisión judicial y le otorgue una espacio para vivir. Por estás horas la constructora trabaja demoliendo el predio y empezarán a cortar los servicios.