Darío Aban, el otro gremialista que saltó a funcionario de gobierno

Durante los 8 años de gobierno de Gerardo Morales pocos fueron los gremios que adoptaron medidas de fuerza frente a la pérdida de poder adquisitivo frente a paritarias a la baja impuestas, la estrategia del Ejecutivo se basó en los carpetazos, pero también en los lazos “amistosos” con dirigentes que, expulsados de la conducción sindical, encuentran refugio como funcionarios dentro del Ministerio de Educación.

El último caso conocido es el de Darío Aban, quien supo ser secretario general de ADEP y que ahora pasó a encabezar la Junta Provincial de Calificación Docente.

Fue ayer que la ministra de Educación, Miriam Serrano entregó al flamante funcionario el certificado de la resolución en la cual se designa al ex dirigente como presidente del cuerpo, cuestionada desde su creación en 2019.

“Una junta política”, así resumía Gabriela Giagante -por aquel entonces secretaria adjunta del CEDEMS, antes de ser expulsada por orden de Jorge Montero, quien aceptó toda oferta salarial del gobierno sin objeciones- respecto al proyecto de ley del Ejecutivo para crear el órgano constituido por Sala Inicial, Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y Superior. Asimismo, cada sala pasaba a estar integrada por tres vocales designados por el Ministerio de Educación y un representante de los docentes. De manera que en cada sala los representantes del poder Ejecutivo están en relación de 3 a 1 con los docentes.

A pesar de tener mayoría, las elecciones para la representación docente en la vocalía tuvieron sus denuncias de obstaculización para presentar listas opositoras.

Más allá de eso, el nombramiento de Aban dejó en claro el por qué de la poca resistencia del dirigente durante su gestión frente a ADEP ante el ajuste salarial.

Un caso similar ocurrió con otro dirigente que perteneciera al CEDEMS: Federico Medrano, quien votó a favor de la reforma parcial de la Constitución, aún cuando fueran docentes quienes pusieran en tela de juicio la limitación y criminalización de la protesta que estas modificaciones pretendían. En septiembre -y en medio de las denuncias penales contra Gerardo Morales y convencionales constituyentes-, Medrano era nombrado secretario de Gestión Educativa, también bajo la órbita de la cartera educativa.

Más burdo fue lo de Jorge Montero -que atraviesa una causa judicial por el manejo millonario de los aportes de afiliados y que no pudo dar cuenta de su destino-, que en octubre del año pasado fue nombrado en la Comisión Técnica de Trabajo, la cual tenía como función estudiar las oportunidades que tienen docentes en el ámbito laboral. Dicha comisión sólo tenía 2 cargos y ambos fueron ocupados por allegados al oficialismo, uno fue para el mismo Montero y el otro, para Julieta Carrizo, quien ostentaba el cargo de secretaria adjunta del CEDEMS, es decir, la mano derecha de Montero.