Una denuncia que provocó la división dentro de la Cooperativa 16 de Noviembre y que hoy tiene en vilo a parte de sus socios y socias que ya perdieron su trabajo, mientras que otro sector que responde al ex presidente de la organización, Oscar Quispe y que el municipio premia su “fidelidad” con una promesa de devolver la concesión, siempre y cuando deje afuera al grupo “opositor”.
Ya se cumple un mes que 18 cooperativistas del estacionamiento medido fueron cesanteados por orden del secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, uno de los funcionarios salpicados por la denuncia por fraude electrónico y asociación ilícita que realizó la ex síndico y ahora presidenta de la cooperativa, Irma Castillo.
Desde mediados de julio que la cooperativa fue intervenida por orden de la justicia. Así, Oscar Quispe debió dejar su cargo como presidente de la misma, lugar que ahora ocupa Castillo. Ello, a consecuencia que Quispe fue señalado por la ex síndico como cómplice del robo a usuarios y usuarias mediante la aplicación Vía Parking que impuso el municipio que maneja Raúl ‘Chuli’ Jorge, también denunciado por las maniobras fraudulentas.
Con Castillo al mando de la cooperativa, de forma casi inmediata el municipio ordena dar por finalizada la concesión del estacionamiento medido a la Cooperativa, además de despedir a trabajadores, en su totalidad, con alguna discapacidad.
Desde aquel entonces, socias y socios cesanteados señalaron que hubo un grupo de cooperativistas fue absorbido por el municipio. Este grupo responde al mismo Oscar Quispe, quien también logró “acomodar” a familiares suyos.
En medio de todo este conflicto, por el cual hoy autoridades locales mantendrán un encuentro con el grupo expulsado, en las últimas horas Quispe salió a señalar que Jorge prometió devolver la concesión a la cooperativa, siempre y cuando normalice su situación.
“Gracias al intendente seguimos trabajando con ellos. Después nos sentaremos a charlar y si regularizamos la situación, nos dijo que volveremos a obtener la concesión”, indicaba Quispe que, pese a la intervención judicial que lo expulsó como presidente, es reconocido como interlocutor de la cooperativa.
En paralelo, Quispe sostuvo que denunció a este “grupo disidente”, argumento que utiliza Marenco para negar que trabajadores despedidos vuelvan a cumplir labores.
“hace 2 meses que no cobramos y uno que no trabajamos”, detalló Irma Castillo, la presidenta legal de la cooperativa, quien además advirtió que buscan dialogar con el gobernador “ya que del señor intendente no tenemos respuesta”.
Así, el municipio apostó a dividir a cooperativistas, premiando con la absorción dentro de su planta a “oficialista” y expulsando al grupo que apoyó la denuncia contra el ex presidente de la organización Quispe, el secretario de Servicios Públicos Guillermo Marenco y el intendente Raúl Jorge.
De concretarse la disolución de la cooperativa (se habla de la expulsión de socios y socias), esta se daría dentro de un marco total de irregularidad y en ese contexto, bajo la conducción de Quispe, el municipio volvería a otorgar una concesión para el control del estacionamiento medido.