La topadora demolió la casa de las familias de la comunidad aborigen de Guerrero, desalojadas el martes por orden de la jueza Liz Valdecantos Bernal e impulsada por la denuncia de Guillermo y Juan Jenefes, políticos de importante influencia en la provincia.
En la finca Guerrero, una parte donde se ubicaba la comunidad, había una casa grande divida en cuatro y otra más atrás, allí vivían las familias descendientes de Bustamante Cruz. Las familias habían sido reconocidas por Susana Carrillo de Quevedo Cornejo que vivían allí, quien heredó esas tierras junto a los nietos e hijos de Jenefes.
Desde el desalojo, se les prohibió a las familias el ingreso, incluso retirar animales (gallinas, caballos, ovejas), por orden de Jenefes, quien señalan que le dijo la policía no pueden retirar nada.
Esta tarde convocan a una marcha de apoyo a la comunidad de Guerrero y repudio al accionar de la justicia que aplica una ley para los poderosos.
Lorena Cruz, una de las afectadas por el violento desalojo relató que “pretenden sacar el cuerpo de mi abuelo, sin respetar los tiempos que ellos dijeron”.
Cinco familias desterradas de un territorio donde se desarrollaban, irreparable el daño a niños, ancianos sin vivienda, sin nada. No pueden alimentar a los animales, la justicia lleva tres jornadas abocada a despojar a las familias por orden de los Jenefes.
La figura de “usurpadores” es un común en varios conflictos de tierras similares como en los Nogales, en Tuska Pacha y otros donde terratenientes denuncian a comunidades indígenas, familias rurales. Tras esas denuncias del poder político hay emprendimientos inmobiliarios, otros mineros, son los negocios que buscan despojar de territorios a las comunidades indígenas.
El desalojo a la comunidad indígena de Guerrero es para avanzar con un negocio inmobiliario, los mapas satelitales demuestran el enorme loteo en la zona.
Loteo en Guerrero. Agencia Tierra Viva
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