La demolición de parte del Cabildo trajo aparejado una denuncia contra el gobierno de Gerardo Morales por no respetar un sitio de Memoria del Terrorismo de Estado, considerado como patrimonio histórico por tratarse de un Centro de Detención Clandestino y peor aún, utilizó un acta que no tendría válidez jurídica, para llevar a cabo la obra de remodelación, aun cuando allí nunca se realizó un trabajo de recuperación arqueológica y que podría determinar nuevas pruebas.
La denuncia fue realizada por Eva Arroyo, referente de la agrupación H.I.J.O.S regional Jujuy , ante el Juzgado Federal N°2 y en la cual apuntó al gobierno de Gerardo Morales, y a ex funcionarios nacionales por no respetar la normativa que establece la recuperación, preservación, restauración y puesta en funcionamiento de los Sitios de Memoria.
En diálogo con JD, Arroyo subrayó que “no tiene registro” sobre la demolición de otros centros de detención “estando en vigencia las leyes”, en referencia al Comando Radio Eléctrico del Área 323 y que fuera catalogado como espacio de memoria.
Dicho lugar fue uno de los lugares de prueba para la causa por delitos de lesa humanidad, un sitio muy sensible que resguarda la memoria, verdad y justcia. Testimonios de victimas, familiares sostienen parte de la peor historia de la provincia.
La referente de H.I.J.O.S expuso otra situación: “al margen que se hizo la inspección, nunca se llevó a cabo un trabajo de recuperación arqueológica del lugar como se ha hecho en otros centros clandestinos, donde trabajó un equipo de Arqueología descascarando suavemente las paredes para ver si había algún mensaje, alguna ralladura, alguna fecha, algún nombre” y que podría ser otra prueba más del destino de personas detenidas-desaparecidas, relató.
Sin embargo, Arroyo apuntó a otra cuestión mucho más grave: el gobierno de Gerardo Morales se valió de un acta “trucha” para emprender la obra, aun cuando había una medida de no innovar.
Según consta en la denuncia que se efectuó ayer “el 26 de diciembre de 2016, se elaboró un informe de Relevamiento Edilicio para la Preservación de Sitio de la Memoria ex CCD Jefatura de Policía/Comando Radioeléctrico/Central Policial por la Dirección Nacional de Sitios de la Memoria del Ministerio de Justicia de la Nación” en el cual se recomendó “la suspensión inmediata y definitiva de toda obra que pudiera implicar el daño total o parcial de los recintos de alto valor testimonial identificados” en el informe que había realizado el equipo de Arquitectura de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria y que la provincia acordó “garantizar la preservación, señalización y la difusión del sitio de memoria de la policía de la provincia de Jujuy, por su aporte a las causas judiciales”.
Sin embargo, no sólo no se cumplió ello, sino que además, dicha acta fue firmada por familiares que son reconocidos socialmente, pero no cuentan con personería jurídica para los trámites que respaldan la ley.
Respecto a unas primeras reuiones convocadas por la secretaria de Derechos humanos de la provincia para avanzar en proyectos en materia de meoria, verdad y justicia con el tiempo no hubo más encuentros. “Tras una reunión se excluyeron a varios organismos, sólo fue un par de gente afines a la Secretaría (de DDHH de la provincia) y se les hizo firmar esa acta. Nosotros pedimos sistemáticamente después una reunión con la gobernación, nunca nos llamaron y se ampararon en esa acta trucha para decir que era lo que habían acordado”, explicó Arroyo.
Y volvió a subrayar “lo que tienen que hacer es enviar un equipo especializado para hacer el relevamiento y señalar los sitios a conservar, La Secretaría de Derechos Humanos hizo firmar un acta en ese momento antes que estuviera el informe final y estando en vigencia la ley para complementar todo lo que requería la ley. Esa acta trucha no tiene ninguna validez jurídica para asentar acuerdos porque no tienen personería jurídica” sostuvo la refente de H.I.J.O.S.
Sobre la demolición, Arroyo manifestó “es desbastador, demoledor, lloré, es una bronca" expresó ante la desidia del Gobierno provincial.
En contraposición a los dichos del ministro de Infraestructura de la provincia, Carlos Stanic -quien indicó a este medio que se iba a resguardar parte del Cabildo y que ese espacio quedará para que los organismos de DDHH decidan qué finalidad quieren dar, tal como se había “acordado” en esa acta- Arroyo explicó “ese argumento se le va a caer porque esa acta la hicieron firmar antes que estuviera el informe que establece de la Dirección de Sitios de Memoria, que es el ente que debe hacer la evaluación del sitio para marcar los lugares a preservar, ese día 8 de noviembre había venido la comitiva a hacer la evaluación”, mientras que el informe salió después de esa fecha y en la cual se había aclarado que no se debía innovar.
Denuncia en el Juzgado federal N°2
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
