Denuncian tareas de inteligencia ilegales de la Policía de Jujuy contra un dirigente de la Tupac Amaru

Este viernes, el dirigente de la Tupac Amaru, Juan Manuel Esquivel presentó un hábeas corpus en el Juzgado de Control 2 a cargo de Jorge Zurueta. Lo hizo tras tomar conocimiento que personal de la Brigada de Investigaciones realiza tareas de inteligencia ilegal en su contra y se presume que se trata del armado de una causa en su contra en el marco de la cacería que inició el gobernador Gerardo Morales desde que asumió en contra de los integrantes de la organización barrial.

A pocas semanas de que se cumplan seis años de detención arbitraria de la dirigente social Milagro Sala y mientras aún también permanecen presos políticos otros cinco dirigentes sociales que fueron privados de su libertad en el marco de la causa Pibes Villeros que aún se encuentra sin sentencia firme, el histórico dirigente de la Tupac Amaru y ex diputado provincial, Juan Manuel Esquivel, tomó conocimiento que personal de la Brigada de Investigaciones de Jujuy realizó tareas de inteligencia en su contra en el barrio de la Tupac Amaru. Según explicó el abogado Luis Paz, “personal policial vestido de civil recorrió distintas viviendas buscando personas para que denuncien al ex director de la institución educativa de la organización barrial como si hubiera entregado títulos apócrifos durante su gestión al frente de la escuela. Ya estamos acostumbrados en Jujuy a que el Ministerio Público de la Acusación arme causas en base a testimonios a todas luces falsos, pero que utilizan como prueba suficiente para condenar a los dirigentes de nuestra organización social. Es lo que ha sucedido en la causa de los huevos, en la causa de las bombachas, en la causa Pibes Villeros y en todos y cada uno de los procesos que se han iniciado desde que Gerardo Morales tiene la suma del poder público en la provincia”, señaló.

En el escrito presentado ante el juez recordaron que desde el 16 de enero de 2016 “nuestra filiación ideológica se ha transformado en un obstáculo a los derechos y garantías más básicos del sistema constitucional que nos asisten. Privaciones de la libertad al margen de lo fijado por el sistema constitucional, transformando la manifestación social y la libertad de expresión en causas de detención; apartamiento del sistema de garantías penales con firme tendencia al derecho penal de enemigo, donde la razón de la persecución penal no radica en lo que uno hace, si no en lo que uno es y por su pertenencia ideológica; allanamientos de domicilio en horas de la noche, sin fundamento legal para tal excepcionalidad, con uso excesivo de la fuerza, realizados por grupos armados pasando por arriba de la intimidad y la honra, sin las garantías que le manda la constitución; persecuciones en la vía pública,  con la constante restricción de la libertad ambulatoria que esto supone, con amenazas directas, dando nombre de los jefes a los que responden; avance sobre la conformación del Poder Judicial con el fin de consolidar su ya tradicional tendencia conservadora y asegurarse la actuación sin los límites que debe poner la Carta Magna; actuación del Poder Judicial bajo presión, con directa injerencia de quienes ejercen ese poder por vías de hecho; resoluciones judiciales que después de producidas las detenciones intentan blanquear las Privaciones de la Libertad, tratando de legitimar lo que no solo es nulo de nulidad absoluta, sino inconstitucional de inconstitucionalidad absoluta”, son sólo algunos de los hechos que denunciaron ante el Poder Judicial.

En ese contexto, el dirigente reclamó: “Como todo ciudadano pretendo seguir moviéndome en el marco del derecho y la legalidad y en el mismo sentido, pretendo que la justicia y sus mandatarios se ciñan al estricto cumplimiento de la Constitución y sus leyes”. Y solicitó al juez que solicite un informe circunstanciado sobre los hechos tal como lo determina el Artículo 40º inciso 3 de la Constitución de Jujuy y que se ordene a la policía provincial cesar en la amenaza y restricción de nuestra libertad”.