Denunciaron a Jorge Montero por manejo fraudulento del CEDEMS

Tras el envío de notificaciones por parte de la Sala 3 de la Vocalía 7 del Tribunal de Trabajo, la subasta pública de la sede central del CEDEMS parece inminente, medida que para docentes tiene como principal responsable a el secretario gremial Jorge Montero, a quien denunciaron por supuesto manejo fraudulento.

La presentación fue realizada en el MPA por parte de la delegada Mercedes Sosa y un grupo de docentes. Si bien todavía no hay fiscal designado, la denuncia ya tiene número de expediente, por lo que ahora será la justicia la que deba investigar al dirigente.

Montero fue acusado de manejo fraudulento de la administración del gremio durante los dos periodos que ejerció como secretario gremial 2018-2020 y 2020-2022.

Todo esto, en consecuencia de la falta de pago del juicio que se inició contra el sindicato y que no fue resuelto, por lo que ahora el remate de la sede gremial será para saldar esa deuda.

En ese sentido, docentes detallaron “se había informado por parte del sector gremial del Sr. Montero que estaba saldado el pago pertinente. Sin embargo, la realidad es que aún se deben $200000 entre honorarios y pago a la demandante”.

Asimismo, cuestionaron el destino de los fondos que percibe el gremio en concepto de afiliaciones: “el sr. Montero es responsable por esta diletancia que pone en riesgo nuestra sede. ¿Qué hay detrás de todo esto? Por mes al gremio entran alrededor de 4 millones de pesos ¿Porqué se tarda tanto en cumplir con el pago a la demandante? Llamamos a organizarnos desde cada escuela para defender nuestra sede y seguir denunciando el fraude electoral de Montero, impulsando el petitorio contra el fraude”.

Con anterioridad, la comisión directiva que fuera elegida en agosto (y que finalmente el Ministerio de Trabajo de la Nación desconociera los comicios) había pedido una auditoria de las cuentas del sindicato. La solicitud partió de la falta de justificación de unos casi 200 millones de pesos que recibió el CEDEMS desde el 2018 por parte de la gestión Montero.

Sin respuestas, el conflicto derivó en la vía judicial.